Así lo aseguró en el marco del Día de las Personas Migrantes, que se conmemora este miércoles, jornada ante la que insiste en que "es imprescindible concebir a los inmigrantes como una parte estructural de la población, consolidada en territorio y en la sociedad española".

Para el Defensor, y así lo ponía de manifiesto en uno de los apartados de su último informe anual dedicado a la situación demográfica en España, “la legislación de extranjería no parece haber tomado en consideración la importancia del fenómeno migratorio para la realidad española”. Así, señala que “las dificultades de acceso a la regularidad documental, la facilidad con la que los trabajadores migrantes pueden caer en la irregularidad sobrevenida o las exigencias para poder reagrupar a sus familiares, son solo algunos ejemplos de ese divorcio entre la regulación legal del fenómeno migratorio en España y su realidad”. Fernández Marugán considera que “es necesario armonizar la legislación de extranjería con el mercado de trabajo”.

En su último informe anual, al igual que en informes anteriores, la institución alertaba de la gravedad de la situación en la que se encuentra el sistema de acogida español para personas solicitantes de protección internacional.

En opinión del Defensor, el sistema no ha sido capaz de generar nuevas plazas a la velocidad que requería la cantidad de nuevas solicitudes que se formulaban, dejando a un número significativo de personas en una situación de total desprotección, especialmente preocupante en aquellos casos que afectan a menores.

Fernández Marugán ha alertado de la situación “límite” en la que se encuentra el sistema de asilo y ha pedido a todas las administraciones implicadas que se coordinen para ofrecer “una acogida digna a los solicitantes de protección internacional” y para solucionar las demoras en la tramitación de los expedientes.

En lo que va de año más de 93.000 personas han llegado a España y han solicitado protección internacional. El Defensor considera que hay que ver este incremento de llegadas como “una oportunidad” que puede ayudar a mejorar la situación de algunos territorios con poca población y actividad. En este sentido, cree que la concentración de recursos en Madrid y en Barcelona es “ineficiente” y apuesta por encontrar acogida para estas personas en otras comunidades autónomas.