Así lo puso de manifiesto este martes Médicos sin Fronteras (MSF) con motivo del Día Internacional del Migrante, que se celebra mañana miércoles.

Según la ONG, la crisis de los venezolanos en Colombia permanece "desatendida" y "claramente infravalorada". Se estima además que podrían ser muchos más, advirtió, dada la falta de registros.

"Lo que sí resulta evidente es que los migrantes venezolanos en Colombia "se enfrentan a una situación inédita en comparación con otros movimientos masivos de población recientes", apuntó MSF.

La mayoría de ellos escapa de una situación angustiante en su país de origen, pero no llegan a un lugar seguro al otro lado de la frontera, sobre todo cuando se asientan en zonas periféricas del país.

Allí se exponen a ser reclutados en grupos armados o a trabajar en cultivos ilegales, y sufren discriminación, violencia sexual y prostitución forzada.

A diferencia de la mayoría de los países de la región, Colombia ha mantenido sus fronteras abiertas para recibir a la población venezolana, aunque no cuenta ni con la experiencia ni con los recursos para atenderla adecuadamente. Según MSF, muchos migrantes duermen en las calles a su llegada para después acabar instalándose en barrios marginales o en casas abarrotadas. Las malas condiciones de vida y la falta de acceso al agua y al saneamiento tienen un impacto directo en su salud.

Recalcó que todos los días cientos de venezolanos cruzan el río Arauca, que conforma la frontera entre su país y Colombia, en busca de medicamentos, alimentos y atención médica.

FALTA DE SALUD

Hasta noviembre de 2019, los equipos de la organización han llevado a cabo más de 50.000 consultas médicas que, aunque no representan la situación en su totalidad, sí ponen de manifiesto las enormes dificultades que enfrentan los migrantes venezolanos para acceder a la atención médica, alimentación adecuada, vivienda y protección.

En relación con el acceso a la salud, la respuesta que ofrece el sistema público de Colombia a esta población es bastante limitada: solo atiende urgencias vitales, partos y vacunación, apuntó MSF.

Sin embargo, las necesidades sobrepasan ampliamente estos servicios, y puso como ejemplo el caso de los pacientes con enfermedades crónicas, que requieren tratamiento continuo y cuya derivación a otros niveles de atención no está asegurada. Tampoco existen servicios de salud mental para atender a las personas que los requieren.

Por otro lado, MSF criticó que la política denominada ‘gag rule’ (conocida como ley mordaza) no permite que los fondos provenientes de los Estados Unidos para atender a la población migrante venezolana se inviertan en actividades de planificación familiar, incluidos servicios de anticoncepción, aborto seguro y asesoramiento a mujeres sobre cuestiones reproductivas.

El 68% de los recursos totales destinados en 2019 para la crisis migratoria venezolana proceden de Estados Unidos, lo que "en la práctica se traduce en una barrera infranqueable para las organizaciones que prestan estos servicios, altamente demandados por las mujeres migrantes venezolanas", denunció. En los proyectos de MSF en los departamentos fronterizos, aproximadamente una de cada cinco consultas está relacionada con este tema.

Por todo ello, MSF hizo un llamamiento en pos de un mayor compromiso de la comunidad internacional para atender esta crisis.