El organismo teme, con la información disponible de las administraciones públicas, que este año no se reduzca el déficit y continúe en un importe equivalente al 2,5% del PIB como en 2018, lo que advierte que “sería insuficiente en términos de los requerimientos de sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo”.

Su mantenimiento está afectado por el mayor gasto derivado de la revalorización de las pensiones, la subida de los salarios de los funcionarios, un incremento del gasto en desempleo tras la ampliación del subsidio a los mayores de 52 años y el peor comportamiento de los ingresos, según refiere en el ‘Informe trimestral de la economía española’ publicado este viernes.

“Los ingresos impositivos muestran una cierta desaceleración, en línea con la evolución económica que ha provocado una moderación en el crecimiento de las bases”, refiere en el informe, donde advierte también de una menor recaudación del impuesto sobre sobre sociedades porque, en su caso, compara con un 2018 donde esta partida experimentó un aumento extraordinario.

Bajo esta evolución recuerda que la Comisión Europea advirtió ya en noviembre al Gobierno del riesgo “significativo” de incumplimiento de los requerimientos de convergencia hacia el equilibrio presupuestario estructural fijados para 2019 y 2020. Por eso exigió acometer un ajuste estructural del 0,65 % del PIB tanto en 2019 como en 2020, y que el crecimiento de la parte del gasto público computable a estos efectos se limitara al 0,6 % en 2019 y al 0,9 % en 2020.

“La reducción de la vulnerabilidad de la economía española ante futuras perturbaciones requiere un impulso decidido a las medidas de consolidación presupuestaria y a la agenda de reformas estructurales”, apunta en otro momento del informe.

Según detalla el organismo, la reducción del déficit se ha apoyado, a lo largo de la recuperación económica, sobre todo, “en los efectos favorables del ciclo económico y en la disminución de los gastos por intereses, como consecuencia de la disminución de los costes de financiación”.

“Sin embargo –advierte-, apenas se han producido avances en la corrección del déficit estructural, lo que limita la capacidad de la política fiscal para afrontar un eventual cambio en el ciclo económico”.

Por otro lado, considera preciso retomar la agenda pospuesta en los últimos años de adopción de las reformas necesarias para “aumentar la productividad de la economía y su capacidad de creación de empleo”.