En un comunicado, el sindicato informó de que pedirá al nuevo Gobierno un nuevo modelo energético para los usuarios más vulnerables en el que se modifiquen las condiciones del bono social energético, al entender que los aprobados en legislaturas anteriores no han sido suficientes para ayudar a estos consumidores a hacer frente a los pagos. “Los descuentos no son significativos, y además exige un nivel de rentas excesivamente bajo”, afirmó.

También pide al nuevo Ejecutivo reformar el mercado de la energía y el sistema de fijación de precios, para hacerla “asequible” y ajustarla al coste real de producción, y reducir su IVA al 10% como mínimo.

Por último, reclamó una Estrategia Nacional contra la pobreza energética para el periodo 2019-2024 para que abarque desde la rehabilitación de viviendas y edificios para hacerlos más eficientes, hasta la salud, la educación o el acceso a las nuevas tecnologías.