Así se recoge en el documento ‘Coalición progresista. Acuerdo por España’, que compromete una Reforma del Sistema Eléctrico que favorezca la transición hacia la descarbonización y unos precios asequibles para el consumidor y las empresas.

Para ello, promete las “normas legales necesarias” para reformar el mercado eléctrico, de forma que la reducción progresiva del coste de las energías renovables se traslade al precio de la electricidad, y se garantice la rentabilidad adecuada y el pleno desarrollo de la expansión de las mismas.

También pretenden modificar la factura eléctrica con el objetivo de reducir el porcentaje que representa el término de potencia; que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros kilovatios hora sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética.

Asimismo, plantea establecer los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas.

Por otro lado, en relación con los pagos por capacidad, PSOE y Podemos quieren que se limiten a medidas condicionales, transitorias, sin distorsiones, de último recurso y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad, excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales y conforme en todo momento a la normativa europea vigente en la materia.

Además, contemplan la aprobación del Estatuto del consumidor electrointensivo, con el objetivo de potenciar la competitividad y la eficiencia de las empresas con altos costes energéticos, a través de compensaciones y exenciones de pago a cambio de que éstas mejoren su eficiencia energética y que mantengan y generen empleo.

Por último, contempla el fomento del autoconsumo compartido y simplificar los trámites administrativos y técnicos para autoconsumir sin cargos y verter a la red al mismo precio que el mercado; así como a aprobar una reforma profunda del bono social eléctrico, incluyendo el bono gasista.

El coste de este bono, según este acuerdo, será asumido por las matrices de los grupos de 24 sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario. Estos bonos tendrán el fin último de permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía.