Ese peligro se contemplaba en un informe de evaluación de riesgos datado el 8 de septiembre de 2017 por la Comisaría General de Información de la Policía catalana. El citado documento alertaba sobre la "posible actuación de colectivos anarquistas que podían incluso reivindicar la actividad violenta en forma de artefactos explosivos y de actividad armada en Cataluña".

Tras puntualizar que no leía todos los informes, Trapero insistió en que el riesgo no existía. "Eso le aseguro no haberlo leído y en ninguna reunión en la que se analizaban los riesgos para el 1-O, la Comisaría General de Información jamás se habló en esos términos", dijo en respuesta a preguntas del fiscal.

Los informes sobre la valoración de riesgos relacionados con la celebración del referéndum ilegal del 1-O comenzaron a hacerse de forma semanal o quincenal y se convirtieron en diarios al acercarse la fecha de la votación.