Así se pronunció Robles, en declaraciones a los periodistas en el Ministerio de Defensa, en las que mostró su total y absoluto respeto por la decisión del Supremo, que, dijo, responde a “criterios jurídicos”.

Esto le sirvió para recordar que la propia JEC estableció en su momento que el órgano competente para pronunciarse sobre la continuidad de Torra como presidente autonómico es el Parlamento de Cataluña.

“Una cosa es su inhabilitación como diputado y otra su inhabilitación como presidente”, puntualizó.

Por ello, abundó en que “no hay oposición desde lo judicial” a que Torra siga siendo presidente de la Generalitat, conjeturando que la decisión del Supremo “no condiciona” su posición como tal.

La ministra también se refirió a la reforma del Código Penal que defiende el Gobierno y que ha sido criticada por la oposición al considerarla como un “traje a medida” para los líderes independentistas encarcelados.

Lo hizo para rebatir esos argumentos aduciendo que esta reforma no sólo abarcaría a los delitos de sedición y rebelión, al tiempo que escudó la necesidad de modificar el Código Penal en que sus 25 años de vigencia obligan a adaptarlo a los cambios experimentados por la sociedad.

A su vez, indicó que la adaptación del Código Penal a la “realidad social” debe ser vista como “algo natural” por ser una “manifestación clara” de que la sociedad española es “dinámica”.

Al mismo tiempo, recordó que durante su etapa como portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados se planteó la reforma del Código Penal para unos delitos -rebelión y sedición- “residuales” y propios de un contexto histórico pretérito.

Por último, reafirmó que esa reforma abarcará otras materias más allá de las referidas con anterioridad.