Así lo recoge el Tribunal de Cuentas en un informe de fiscalización sobre el control sanitario del agua ejercido por el Ministerio en 2017, donde revisa la disponibilidad y la fiabilidad de los sistemas de información empleados por Sanidad para controlar los riesgos potenciales que pueden afectar a la calidad sanitaria del agua.

El informe, según informó este lunes el Tribunal de Cuentas en un comunicado, analiza tres tipos de uso de agua (consumo, baño y piscinas). El marco regulador en esta materia establece un sistema de gestión y control de la calidad sanitaria del agua basado en la colaboración entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales.

Así, sólo tres comunidades autónomas han actualizado los criterios técnico-sanitarios en el control del agua de las piscinas tras la entrada en vigor de un real decreto sobre esta materia impulsado por Sanidad en 2013. El Tribunal de Cuentas recomienda al departamento dirigido por Salvador Illa que impulse la armonización legislativa en la normativa autonómica.

Además, este órgano fiscalizador ha detectado deficiencias en la falta de notificación o de retrasos en datos de control de la calidad de los tres tipos de agua analizados, tanto por parte de las autoridades sanitarias autonómicas como de los gestores de las zonas de abastecimiento e instalaciones.

Por ejemplo, Sanidad fue informada de menos de la cuarta parte del parque estimado en piscinas públicas y más de la mitad de las piscinas censadas no comunicaron los resultados de los controles realizados en la temporada de baño de 2017.

"Los datos relativos a la calidad del agua de estas instalaciones que el Ministerio publica a través de los informes anuales nacionales no son representativos de la situación del conjunto de piscinas públicas de España", asegura el Tribunal de Cuentas.

CONSUMO Y BAÑO

En relación con el agua de consumo humano, el informe menciona la falta de acreditación de la certificación establecida en la normativa en más de la mitad de los laboratorios que efectuaron controles en 2017, la ausencia de la preceptiva comunicación de las comunidades autónomas al Ministerio sobre sus Programas Autonómicos de Vigilancia Sanitaria (PAVS) e incidencias que se mantienen abiertas desde 2017 por superación de algún valor paramétrico.

Respecto al control de las aguas de baño, evidencia que la comunicación a Sanidad de los resultados de los análisis relativos al control del agua de baño superó el plazo establecido en la normativa reguladora, con cinco comunidades autónomas que remitieron todos los resultados tras la finalización de la temporada de baño de 2017.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas propone a Sanidad que promueva, a través de la Ponencia de Sanidad Ambiental del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), una mayor coordinación con las comunidades autónomas para que éstas revisen sus procedimientos y garanticen que las deficiencias de información observadas no persistan, así como para impulsar la armonización legislativa de los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.