“Estamos en contacto y diálogo con el PSOE, pero lo seguimos estudiando”, indicaron a Servimedia fuentes de Unidas Podemos, un grupo que siempre ha defendido esta restricción a la jurisdicción militar, pero que se ve ahora como parte de un Gobierno que debe adoptar una posición ante un delicado tema de Estado, que obligaría a reformar la Ley de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar y la Ley del Código Penal Militar.

El Protocolo de Coordinación del Gobierno de coalición que firmaron ambos partidos en enero establece una unidad de voto en los proyectos del Gobierno, las iniciativas de los respectivos grupos parlamentarios. Pero, también ante las iniciativas de otros grupos “que afecten a la acción del Gobierno o a acuerdos explícitos alcanzados en el programa de gobierno pero tengan alta repercusión en la escena política o en ámbitos sectoriales de la política estatal, los socios deberán consultar su posición respectiva y buscar que las mismas no sean contradictorias”.

Dentro de este último apartado parece situarse la proposición de ley de ERC, que apunta a que delitos sexuales, de robos o de corrupción suelen tener en los tribunales militares unas penas más bajas o ser silenciados en lo posible. En la rueda de prensa, se apeló por igual a Unidas Podemos y al PSOE, partidos necesarios para que la iniciativa se apruebe, pero se escucharon reproches a que el Partido Socialista ha sido “igual que el Partido Popular” en este ámbito.

Eso sí, los proponentes subrayaron que les extrañaría que el PSOE impidiera esta reforma cuando su portavoz en la Comisión de Defensa es Zaida Cantera, exmilitar que tuvo que dejar el Ejército ante el silencio y encubrimiento tácito de sus superiores al presunto acoso sexual que sufrió de un superior.