Presentó la iniciativa el diputado popular Carlos Rojas García, quien censuró que se acate la Constitución “prometiendo contra la misma” y propuso “un procedimiento sencillo de acatamientos”. Se modificaría el artículo 4.2 del Reglamento, que pasaría a contemplar sólo las fórmulas “sí, juro”y “sí, prometo”, sin añadir “ninguna expresión que vacíe, limite o condicione su sentido propio, sea cual sea la justificación”, y el 20, aclarando que sólo con ellas se adquirirá la plena condición de diputado.

Rojas lamentó el “espectáculo dantesco” que según él se vivió en la pasada sesión constitutiva de la legislatura y dejó a los españoles “atónitos” por que desde la Presidencia del Congreso que ostenta la socialista Meritxell Batet “no se interrumpieran esos acatamientos” de la Constitución con los que “se estaba jurando destruirla”, sino que “procastrinaron con su inacción” permitiendo que se consumara el “oprobio”.

El portavoz del PP negó el “relativismo moral” y que se pueda jugar con las palabras y aprovechó para incluir la definición de Juan Guaidó a la vez como presidente encargado de Venezuela y jefe de la oposición que hizo la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya. Terminó barruntando que esta iniciativa del PP la habrían firmado muchos diputados de otros partidos y aseguró que no se hacía “contra nadie” sino “para todos”.

A FAVOR

En la misma línea se pronunciaron Vox, Ciudadanos y Foro de Ciudadanos, antiguo Foro Asturias. El parlamentario de Vox Ignacio Garriga defendió la iniciativa del PP como de “sentido común” y calificó de “bochornoso” haber tenido que recurrir a los tribunales porque el Congreso no ha prohibido hasta ahora estas fórmulas extendidas en los últimos años. Como contraste, recordó al expresidente socialista de la Cámara Félix Pons por haber expulsado a los diputados de Herri Batasuna que juraron “por imperativo legal”.

Garriga lamentó que hayan adquirido la condición de diputados políticos que sólo quieren derrocar y destruir el Estado, y fue más allá al calificar de “parche” la reforma del Reglamento que proponía el PP. Según dijo, el único modo de restablecer el orden constitucional pasa por “la ilegalización de los partidos separatistas”, entre los que se dirigió expresamente a EH Bildu por no haber condenado, a su juicio, los atentados de ETA.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz calificó de “muy pertinente” la iniciativa del PP dado que “algunos diputados faltones juran cargarse el Estado de Derecho”, curiosamente de partidos nacionalistas que “han conseguido sus escaños con muy pocos votos por la ley Electoral” que les beneficia.

Se mostró comprensivo con las fórmulas de hace años, cuando “eran pocas y pintorescas”, pero rechazó las de hoy, “más numerosas y ofensivas”, y en concreto las que hablan de presos políticos como si España no fuera una democracia. Conminó a los independentistas a “venir a trabajar” y dejar para una suerte de Congreso temático paralelo sus juramentos y arremetió contra el PSOE y Podemos al señalar la contradicción entre los principios de la socialdemocracia y los privilegios y el supremacismo nacionalistas.

“Ni es izquierda ni quiere ser española. Quiere ser Gobierno a costa de lo que sea”, diagnosticó sobre lo que entiende como “una traición de clase” y terminó dirigiéndose al PP pidiendo que acepte la coalición a las elecciones vascas y gallegas para evitar que estas tesis se impongan también en Galicia.

El diputado de Foro de Ciudadanos, antiguo Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, defendió que la democracia es “cuestión de formas” y negó que limitando las fórmulas de acatamiento se menoscabe la libertad de expresión. Describió que lo que se oyó en la sesión constitutiva fueron en muchos casos “coletillas estrambóticas, de pandereta”.

EN CONTRA

En contra de la iniciativa del PP se pronunciaron el resto de grupos parlamentarios que tomaron la palabra en el debate para fijar su posición: el PSOE, Unidas Podemos, ERC, el PNV, EH Bildu, Junts, Más País-Compromís y la CUP.

Por el PSOE, habló el exlehendakari Patxi López, quien defendió el pluralismo constitucional y calificó de “clara y contundente” la posición que tomó respecto a los acatamientos el TC. Recordó que con la ‘popular’ Ana Pastor de presidenta del Congreso de los Diputados ya los hubo por la República catalana, y por ello dedujo que el PP no quería en realidad mejorar el Reglamento.

“No querrán ser ustedes los que decidan si las fórmulas vacían, limitan o condicionan el acatamiento”, prosiguió, interpretando que el PP sólo quería imponer su “visión estrecha” de la Constitución y que tiene “miedo a la libertad”, como lo demostró votando la semana pasada contra la eutanasia.

Defendió que se puede discrepar sobre la Constitución siempre que se cumpla, y afeó al PP que no confíe en la fortaleza del Estado de Derecho sino que “lo quieren amarrar todo con cadenas”, y que pretenda apropiarse de un patrimonio común convirtiéndose en “sus únicos abanderados”, quizá porque fueron “los últimos en llegar”. Concluyó que el PP se apodera de la bandera “para quedarse con el palo” y golpear al adversario.

En nombre de Unidas Podemos, Rafael Mayoral comenzó leyendo la Constitución en su mención del “pluralismo político” y acusó al PP de “hipocresía” por exigir en su iniciativa a la vez la “adhesión incondicional” a la misma con un espíritu “inquisitorial” que sin embargo niega la supuesta plurinacionalidad de España y los derechos forales.

Criticó al PP por poner en cuestión el resultado de las urnas y “enfrentar a los pueblos de España y, reiterando un mensaje habitual de Podemos, le acusó de “vendepatrias”, no patriotas, por facilitar la venta de patrimonio público a fondos buitres y no poner la economía al servicio de las personas. Por último, le advirtió de que no renunciará al sueño de lograr una república plurinacional y terminó citando el “¡Viva España!” del expresidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys cuando se reconoció el autogobierno catalán en la Segunda República.

GRUPOS NACIONALISTAS

La diputada de ERC Pilar Vallugera definió al PP como “partido de fascistas e intolerantes”, ridiculizó la propuesta sugiriendo que su iniciativa podría reivindicar también juramentos de rodillas con la mano en los Evangelios y remarcó que más de dos millones de catalanes no se sienten concernidos por la Constitución.

Así, interpretó en la iniciativa del PP “voluntad de humillación” de quienes han sido elegidos por unos programas electorales que a ese partido no le gustan, y preguntó si ser independentista obliga a la muerte civil; en esa línea, terminó recomendando a los populares que fueran más claros y les negaran directamente el derecho a elegir y no ser elegidos en lugar de enredarles en “discusiones bizantinas” como ésta.

El diputado del PNV Mikel Legarza, mencionó las sentencias de 1990 y 91 en las que el Tribunal Constitucional avaló las fórmulas singulares de acatar la Constitución en el Congreso y el Senado, pese a las cuales el PP, dijo, ha querido como propósito último “hacer un estrecho marcaje a la Presidencia del Congreso”.

Según dijo, no es constitucional limitar la fórmula a un binomio e impediría a los diputados y por extensión a sus votantes agregar motivos por los que fueron elegidos. Por último, sugirió suprimir el mismo acatamiento, ya que la Constitución tampoco lo impide, y ahorraría lo que definió como “una concha vacía”, una reiteración porque todos los representantes públicos están sometidos a ella y el Reglamento no contempla sanciones para quien emplee fórmulas alternativas sin valor práctico.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, pidió que impere el “sentido común” y enmarcó el acatamiento en una fórmula medieval que no procede mantener cuando se conmina a “guardar y hacer guardar” la Constitución, cosa que los independentistas no pueden suscribir. Negó que se pueda pretender un acatamiento “sin matices”, y recordó que el Tribunal Constitucional, cuando ha tenido que pronunciarse al respecto, ha dado pábulo a estas fórmulas señalando que los diputados que utilizaron estas fórmulas fueron elegidos por un programa electoral lícito.

Así, rechazó el “formulismo” y “rigorismo excesivo” que supondría una limitación de la libertad política de quienes sostienen postulados independentistas y/o republicanos, y fueron votados para que su compromiso fuera ése. Finalmente, estableció que los votantes “eligen diputados, no aspirantes a diputados” que tengan que someterse a posteriores validaciones; es más, defendió que lo ideal sería suprimir la obligación de acatar la Constitución.

Dentro del Grupo Parlamentario Plural, el diputado de Junts, Jaume Alonso-Cuevillas, estableció que la legitimación de los diputados les viene del sufragio universal, y recordó que gracias a eso el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y según vaticinó pronto el president de ERC, Oriol Junqueras, son eurodiputados.

Por eso, tachó de “superflua” la promesa de la Constitución, que se puede jurar e incumplir, o no jurar y cumplir. Como muestra, señaló que se votó la Mesa del Congreso antes de que los diputados acataran la Carta Magna. Por último, se aferró a que el propio TC ha establecido que la Constitución no es militante y por ello limita implícitamente su propia validez a la voluntad del pueblo que vota.

Desde el mismo grupo parlamentario, el portavoz de Compromis, Joan Baldoví, comenzó diciendo que de los productos agrarios se come y los juramentos constitucionales no, por lo que calificó de “flipante” que el PP traiga esta iniciativa al Congreso, mientras la semana pasada votó junto al PSOE, Ciudadanos y parte de Vox a favor de la importación de arroz vietnamita. “¿Cuándo van a crecer, cuándo van a empezar a traer aquí cosas serias, cosas que sean de comer?”, terminó preguntando a los populares.

Ya como parte del Grupo Mixto, desde la CUP, Albert Botran recordó que en 1981 se condenó a un diputado independentista por acatar la Constitución mientras no se consumara la independencia de Cataluña, y que en 1990 el Tribunal Constitucional terminó dando por válido el “por imperativo legal” con el que juraron siete años antes los diputados de Herri Batasuna. Por tanto, lamentó que con esta propuesta del PP se quería volver a otros “momentos culturales” e interpretó que lo que le molestaba en realidad era su presencia, cuando tenían “la misma legitimidad” emanada del voto de ciudadanos.