Así lo explicó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Dicha ley formará parte de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada y establecerá normas y procedimientos claros para seleccionar inversiones.

También va a fijar la financiación del transporte público, a resolver las inconsistencias del modelo viario, a profundizar en la normativa de seguridad, a fijar principios y responsabilidad de colaboración entre administraciones y a avanzar en la sostenibilidad financiera de las infraestructuras de transporte.

“Es importante tomar conciencia del punto en el que nos encontramos, pues se han heredado una serie de compromisos planteados que, sólo en infraestructuras terrestres, viarias y ferroviarias, se acercan a los 80.000 millones de euros”, apuntó Ábalos. Por ello, defendió que “esta ley, que ya tienen en países de nuestro entorno como Francia, debería resultar de un acuerdo muy amplio”.

Asimismo, destacó que “debe ser la lanzadera que permita que nuestro país transite de sus políticas de infraestructuras y de transportes del siglo XX hacia una política de movilidad segura y sostenible, económica y medioambiental, del siglo XXI”.

Por último, concluyó que “hablamos ya en todo este tiempo de un Pacto de Estado por la Movilidad, que les interesa a los españoles, y que nos esforzaremos en alcanzar junto con todas las fuerzas políticas”.