Esto supone que el diagnóstico tarda casi el doble en el caso de las mujeres, según apuntó María Gálvez, directora de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), entidad promotora junto a la Universidad Complutense de Madrid del estudio 'Mujer, Discapacidad y enfermedad Crónica' que se presentó este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Realizada entre 2.656 personas con enfermedades crónicas con una edad media de 49 años, la investigación contó con el apoyo de Fundación ONCE y revela un claro infradiagnóstico entre las mujeres, sobre todo en la franja de edad de 30 a 59 años.

"Esto coincide con la edad de mayores responsabilidades familiares", apuntó Gálvez, lo que puede "sugerir que anteponen por delante dichas responsabilidades a su salud".

En su opinión, "este retraso en el diagnóstico influye en la percepción del estado de salud" de unas y otros, y tiene "claras consecuencias económicas y sociales".

De hecho, el 50% de las mujeres con enfermedad crónica manifestaban sufrir "un estado de salud malo o muy malo", frente al 28% de los hombres".

Del mismo modo, El grado de satisfacción con el tratamiento alcanzaba 6,3 puntos sobre 10 entre los hombres y caía a 4,8 para las mujeres. "Cuanto más tarde se accede al tratamiento, más síntomas y peor estado de salud general manifiestan", afirmó Gálvez.

DIFERENCIAS ECONÓMICAS

El estudio revela también que los hombres con enfermedad crónica acceden a la incapacidad permanente con mucha más facilidad que las mujeres (20% frente al 11%), motivo por el que su tasa de empleo es menor.

El 38% de las mujeres encuestadas tenía un trabajo, seis puntos porcentuales más que los hombres (32%), subraya el estudio. Por esta misma razón, ellas piden muchas más bajas laborales (13%) que ellos (3%, indicó Gálvez.

Señaló que todo esto influye en que los hombres con enfermedad crónica accedan en mayor medida a la jubilación, a la incapacidad y a las pensiones contributivas (60 frente a 16% de quienes estaban en el estadio 2 de su enfermedad).

DISCAPACIDAD

Según el estudio, sólo el 38% de las personas con una enfermedad crónica disponía de un certificado de discapacidad y, de nuevo, hay más hombres reconocidos (43%) que mujeres (34%). En torno a un 7% está en trámite para conseguirlo. De los demás, la inmensa mayoría asegura que no lo ha solicitado.

Sólo se les denegó al 20% de las mujeres y al 15% de los hombres con enfermedad crónica que lo habían pedido.

De entre quienes no lo pidieron, la gran mayoría aducen "falta de información", aunque un 15% de mujeres y un 12% de varones declararon saber que "no se ajustaban a los requisitos del baremo".

CONSECUENCIAS

El trabajo estima la pérdida económica asociada a la cronicidad en torno a 5.900 euros al año, que puede llegar a los 8.400 euros para la franja de 55 a 64 años de edad.

Además, el 28% de los encuestados aseguró que había tenido que interrumpir sus estudios en algún momento de la vida "debido a su enfermedad".

Por todo ello, la POP reclamó una actualización del baremo de Discapacidad y acciones de información dirigidas a estos colectivos.

En el acto participaron también Virginia Carcedo, directora adjunta de Información, Empleo y Transformación de Fundación ONCE y Secretaria General de Inserta Empleo; Jesús Celada, director general de políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, y Carina Escobar, presidenta de la POP, así como responsables de las plataformas de pacientes y diputados de los grupos parlamentarios.

Carcedo detalló la experiencia de Inserta y de Fundación ONCE en la inserción laboral y social de las mujeres con discapacidad, y recomendó prácticas aplicadas por estas entidades como 'la oficina flexible'; el teletrabajo, "siempre que sea con apoyos y voluntario"; servicios de fisioterapia y de rehabilitación, y sensiblización a empresas.

Según Celada, "todo lo que es bueno para las mujeres con discapacidad, lo es para toda la sociedad".

"Si queremos renovar la agenda de la discapacidad, hay que abordar seriamente todo el tema referido a la mujer", que supone el 60% de este colectivo, y aquí hay una gran incidencia de la cronicidad. Presentan peores niveles de empleo, de salario, de formación y de violencia, señaló, y las administraciones han de trabajar para remediarlo.

Por último, Escobar reclamó mayor dotación para la Ley de la Dependencia, pues "hay muchas personas que se van de este mundo sin recibir ninguna ayuda", e insistió en incluir la perspectiva de género en la investigación y en el tratamiento de las enfermedades crónicas.