El director general de ANA, José Ramón Zurdo, señaló que esta medida es “perfectamente factible dentro de la función solidaria que le corresponde cumplir al Estado”. “De esta forma, la Administración se convierte en arrendatario de un determinado número de viviendas para cubrir el desabastecimiento de viviendas en alquiler a precios asequibles para personas que tengan problemas para acceder a ellas con los precios actuales”, añadió.

Según apuntó Zurdo, esta medida se podría asumir, “como algo provisional”, a través de los Presupuestos Generales del Estado, “con una partida especial para costear el desfase de rentas que se pudieran producir entre las acordadas con los arrendadores y las que pagaran al final los subarrendatarios”.

Su ventaja, tal y como aseguró Zurdo, sería la “enorme seguridad jurídica” que les ofrecería que el Estado fuera su arrendatario, “principal responsable del cumplimiento de los contratos, hecho que permitiría bajar considerablemente las rentas a los propietarios a cambio de esa mayor seguridad”.

“A la vez, el Estado podría cumplir su labor solidaria hacia los inquilinos más desfavorecidos, subarrendando las viviendas a precios inferiores a los contratados con los arrendadores, en función del grado de ayuda que necesitasen los respectivos colectivos necesitados”, detalló el director general de ANA.