El texto normativo contempla medidas más restrictivas para el movimiento de todos los ciudadanos que las que hasta ahora se habían adoptado en algunas comunidades autónomas. Estas medidas serán de aplicación nada más el Gobierno apruebe el estado de alarma y se publique en una edición especial al mediodía del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta situación de confinamiento deja en el aire las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco pues, según aseguraron fuentes gubernamentales consultadas, en el real decreto-ley "no" hay mención alguna a la cita electoral ni aspecto normativo que permita su aplazamiento.

"SOLUCIONES CREATIVAS"

La falta de precedentes y que la normativa no recoja el aplazamiento de unas elecciones siembran dudas jurídicas sobre quién tiene la potestad para suspender la cita del 5 de abril.

Las fuentes jurídicas consultadas por Servimedia en los últimos días afirmaron que, en última instancia, la decisión la tendrán que tomar los dos presidentes autonómicos porque son los que convocaron los comicios.

Sin embargo, ni Alberto Núñez Feijoó ni Iñigo Urkullu cuentan con un soporte legal claro ya que el aplazamiento electoral no está contemplado en el ordenamiento jurídico español. “Tendrán que buscar soluciones creativas y de consenso”, afirmaron varios expertos, que sostienen que el Estado debía proporcionarles alguna “percha normativa” a la que atenerse para evitar que la Junta Electoral pudiera tumbar legalmente sus decisiones.