Los letrados advierten de que el derecho a la tutela judicial efectiva amparado en el artículo 24 de la Constitución se ejerce por juzgados y tribunales y lo garantizan “todos los profesionales que trabajan por y para la justicia de este país”.

Además, exigen al Ministerio de Justicia que rectifique los servicios mínimos fijados y se acuerde que sea sólo el juzgado de guardia el que esté activo a fin de atender los asuntos urgentes.

“No tiene sentido en algunas jurisdicciones ir a trabajar, cuando la sociedad esta confinada en sus casas, vulnerando claramente las instrucciones de las autoridades sanitarias. No puede permitirse que a día de hoy, un funcionario judicial, que esté en periodo de cuarentena por síntomas graves y esperando someterse al test, tenga que dar positivo en coronavirus para cerrar un juzgado”, denuncian.

Finalmente, expresan su protesta por que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio y la Comunidad de Madrid permanezcan “impasibles” y “sin adoptar ninguna medida” de cierre de órganos judiciales en situación de “riesgo” por tener a un equipo completo “que posiblemente pueda estar contagiado”.

Los funcionarios acaban su comunicado recordando a Justicia que “esto no es una huelga” y que, por tanto, no se pueden fijar los servicios mínimos que se aplican para una protesta laboral, denunciando que las medidas adoptadas “no se corresponden con el estado real de pandemia nacional” y constituyen una “irresponsabilidad denunciable”.