El 47% de las personas gitanas ocupadas lo hacen por cuenta propia, y en su inmensa mayoría, en la venta ambulante, según los datos de la institución. Esta actividad, organizada habitualmente a través de cooperativas y, en algunos casos, con el régimen de autónomos, es “la principal fuente de ingresos para una gran mayoría de familias”.

Por tanto, el cierre de esta actividad les deja “en una situación de desprotección y sin acceso a prestaciones por desempleo”. En este sentido, reclaman no sólo una ayuda, sino que también se les exima del pago de cuotas a la Seguridad Social y tasas municipales o extender la cobertura de la rentas mínimas para incorporar a otras familias con ocupaciones precarias.

“El cierre de los mercadillos y la imposibilidad de realizar otras actividades, como la recogida de chatarra, la venta de fruta, u otras que procuraban algún ingreso diario, junto con la débil presencia en los programas de rentas mínimas -sólo el 32% de los hogares gitanos muy pobres la perciben- están comenzando a generar una situación de desamparo y desprotección”, explicó la fundación.

Según sus datos, el 86% de la población gitana está por debajo del umbral de la pobreza, un 46% de hogares en extrema pobreza y tienen una tasa de pobreza infantil del 89%, cuando la media española se sitúa en torno al 28%.