Lo expone en una respuesta a la queja presentada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), a la que tuvo acceso Servimedia. El Cermi pidió a la institución que inste al Gobierno a garantizar la atención sanitaria "equitativa y sin discriminaciones" en situaciones extraordinarias de emergencia pandémica, basada en la protección del derecho humano a la vida "sin excepciones".

El Defensor, tras llegar a esa deducción de lo que estarían recomendando las sociedades científicas, expuso en su respuesta que "tal tratamiento no parece aceptable" para su institución en cualquier contexto "y mucho menos en las circunstancias extremas a las que nos enfrentamos como sociedad".

En opinión de Fernández Marugán, "el combate contra la enfermedad no puede dejar de lado en ningún momento los principios básicos sobre los que se cimenta nuestra sociedad democrática, garantizando en todo momento la dignidad de las personas, cualquiera que sea su condición, y el respeto a sus derechos y libertades consagrados en la Constitución".

Por ello, para situaciones extremas el Defensor ha recomendado al Ministerio de Sanidad "disponer de un procedimiento claro de actuación en todos los servicios de salud", que incluya "no sólo los criterios clínico-asistenciales, sino también herramientas prácticas para permitir la comunicación de los pacientes con sus seres queridos".

En esa recomendación, Fernández Marugán también reclama que no se "impongan textos sin valor oficial como los de las sociedades científicas que en ningún caso son Derecho aplicable ni vinculan, y más cuando sean burdamente contrarios al ordenamiento jurídico de un país democrático".

Asimismo, exige a Sanidad "que vigile los textos y recomendaciones emitidos por sociedades científicas que pueden convertirse en una praxis perturbadora que comprometa el bien supremo a la vida de las personas con discapacidad".

En la queja que firmó el delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU del Cermi, Jesús María Martín Blanco, se requiere también que "toda atención sanitaria en esta crisis del Covid-19 a personas con discapacidad debe estar presidida por los mandatos imperativos de los derechos humanos de no discriminar ni de tratar desigualmente, y de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se consdiera 'diferente' y, por tanto, de menor valor, cuya salud o cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria".