Son datos proporcionados este miércoles por las patronales Unespa e Inverco que, como representantes de los proveedores de sistemas de previsión social complementaria, manifestaron su “apoyo” a la decisión del Gobierno de permitir rescates adicionales a personas afectadas por la crisis generada con el Covid-19.

El real decreto-ley establece como nuevo supuesto de liquidez que sean trabajadores en situación legal de desempleo como consecuencia de un ERTE ocasionado por esta crisis, sean empresarios cuyo negocio haya tenido que suspenderse por el estado de alarma o autónomos que cesen su actividad por la situación de crisis sanitaria.

Unespa e Inverco recuerdan que los instrumentos de previsión social tienen como “finalidad principal” ahorrar para complementar la pensión pública a la jubilación, pero también contemplan otros supuestos para activar rescates como son el desempleo prolongado, sufrir una enfermedad grave, una incapacidad temporal o dependencia o, incluso, en caso de desahucio de la vivienda habitual.

La razón de dichas opciones alternativas a la hucha para la jubilación es la de paliar situaciones de necesidad. Bajo este supuesto indicaron que en planes de pensiones se han abonado anticipadamente 4.000 millones de euros a más de 726.000 partícipes que ha perdido su empleo y en los Planes de Previsión Asegurados (PPA) han sido otros 44.000 asegurados los que han rescatado 339 millones de euros.

Inverco y Unespa se declararon “orgullosas” de que los instrumentos de previsión social puedan contribuir a “mitigar las peores consecuencias de esta contingencia, apoyando una pronta salida de la crisis y, con ello, la recuperación de los niveles de bienestar previos” para que también permita a los ciudadanos continuar ahorrando para complementar su jubilación futura.