Según la asociación, el resto quedaría excluido por no cumplir de manera simultánea con los cuatro supuestos y “al albur de alternativas financieras con cobro de intereses o productos vinculados”.

Sus cálculos los efectúa en base a un centenar de expedientes completos que ha tramitado al respecto y unas 500 consultas de sus asociados. Conforme a esos números, algo más del 82% cumpliría el criterio de verse afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o sufrir unas pérdidas del 40% de ingresos o facturación.

Pero la cifra se reduce a algo más de la mitad cuando se filtra por el requisito adicional de acreditar que las cargas hipotecarias y los suministros básicos ya suponen el 35% o más de los ingresos de la unidad familiar.

Algo más del 30% de los solicitantes cumplirían con el requisito de ingresos familiares con respecto al IPREM y un 20% aproximado han visto multiplicado por 1,3 el esfuerzo en asumir la carga hipotecaria.

De acuerdo a estos cálculos Asufin concluye que cerca de un 74,5% “cumple con alguna de las condiciones, pero no en su totalidad” y algunos solicitantes que los cumplen todos, un 3%, quedarían fuera también de la ayuda ya que su situación de vulnerabilidad es previa al Covid-19.

La asociación demandó modificar los criterios para que haya más beneficiarios e indicó que si se obligase a obligar a cumplir solo dos de los requisitos el porcentaje de beneficiarios reales subiría al 32,65%.

En concreto reclamó que se tenga en cuenta la combinación del empeoramiento profesional -formar parte de un ERTE o sufrir un 40% de reducción de ingresos o facturación- junto a un aumento considerable de la carga que supone la hipoteca, del 35% o más, con respecto a los ingresos totales de la unidad familiar, por otro.

Sin esa combinación alertó de que a muchos afectados solo les quedaría como única alternativa las soluciones individuales que planteen los bancos, como refinanciaciones o préstamos con intereses adicionales cuando no productos vinculados.