Así lo aseguró este viernes en un documento donde reseña las acciones que ha emprendido en estas semanas en las que la institución asegura que "continúa en contacto permanente con todas las administraciones (estatal, autonómica y local) para transmitirles las quejas y preocupaciones ciudadanas" que le llegan sobre la crisis sanitaria del Covid-19.

En concreto, el Defensor ha trasladado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, su preocupación por la situación de los niños que se encuentran confinados en sus casas, especialmente al mantenerse las medidas excepcionales durante un periodo dilatado de tiempo.

El Defensor "comprende y comparte esta preocupación por la salud física y mental de los niños y niñas que le trasladan numerosos ciudadanos". Además, apunta que "son muy difíciles las condiciones de convivencia para los menores y sus familias cuando el número de miembros de la unidad familiar es alto y las viviendas reducidas".

Por ello, y aunque aprecia positivamente la eficacia que está demostrando la restricción de movimientos de los ciudadanos para el objetivo prioritario de detener la epidemia, la institución cree que, "en la medida en que sea posible y si no hay objeciones técnicas, debería permitirse algún tipo de salida de los menores con sus padres, aún limitada en el espacio y el tiempo, de manera controlada, tal y como ya sucede en algunos países de nuestro entorno".

CONSECUENCIAS ACADÉMICAS

El Defensor también se ha hecho eco de quejas relacionadas con la educación. Fernández Marugán es consciente de las consecuencias académicas que esta crisis sanitaria tendrá sobre los alumnos y alumnas, "especialmente, sobre los que no pueden tener acceso a los sistemas de educación a distancia por no disponer de los medios técnicos necesarios o por la falta de medidas de accesibilidad, lo que constituye un factor de desigualdad social que compromete el acceso a la educación en igualdad de condiciones".

Fernández Marugán es partidario de que "se establezcan medidas para atender a los alumnos sin acceso o con acceso limitado a la formación no presencial y considera necesario llevar a cabo refuerzos educativos en los próximos cursos para suplir las carencias formativas que se hubieran producido en este". En su opinión, "estos refuerzos deberían ofertase desde ahora y para todos los alumnos y no sólo para los que presenten necesidades específicas".

"En algunos casos puntuales la institución ya ha realizado actuaciones para garantizar que menores con algún tipo de discapacidad puedan recibir los apoyos que necesitan". El Defensor recuerda que "las diferentes administraciones educativas deben garantizar el acceso universal a la educación virtual cumpliendo con las medidas de accesibilidad, de modo que todos los alumnos puedan acceder a los contenidos lectivos y realizar las actividades propuestas".

RESIDENCIAS Y MIGRANTES

El Defensor también ha detectado poblemas en otros ámbitos afectados por la crisis, como las "carencias de medios y personal en muchos de los centros residenciales para personas mayores" que se reparten por la geografía nacional. "Problemas estructurales que se han dejado ver con toda su crudeza en la actual crisis", sentencia Fernández Marugán.

A juicio de la institución, "el sistema residencial en España da una atención sanitaria a sus residentes de carácter general que no debe impedir que, en caso de que se detecten problemas o se necesite una atención más especializada, sean derivados al sistema público de salud que proceda".

Por otra parte, el Defensor también se ha interesado por la situación en los centros de estancia temporal para inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla y ha traslado al Ministerio del Interior y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones su preocupación por "la tradicional sobreocupación de estos dos centros, en los que, además, suele encontrarse un número significativo de menores". Así, aboga por continuar con los traslados a la península para evitar que se puedan producir contagios en unas dependencias que, en su opinión, "no están preparadas para tal eventualidad".