En un comunicado, aseguró haber recibido "numerosas denuncias procedentes de distintas regiones" que indican que la policía y otros cuerpos de seguridad "han ejercido un uso excesivo de la fuerza, a veces letal, para obligar a la población a cumplir con las normas de confinamiento y los toques de queda".

"Además, estas violaciones de los derechos humanos se han cometido muchas veces contra los elementos más pobres y vulnerables de la población, agregó Bachelet.

A su juicio, "disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque ha violado un toque de queda motivada por la búsqueda desesperada de alimentos es una respuesta ilícita e inaceptable". También lo es "crear una situación en la que a una mujer le resulte difícil o imposible acudir al hospital para dar a luz", declaró la Alta Comisionada.

Así, destacó que algunas personas han muerto por la aplicación de medidas que, a priori, se habían diseñado para salvarlas.

Miles de ciudadanos han sido detenidos en algunos países "por violar el toque de queda", prosiguió, "una práctica que es a la vez insegura e innecesaria". En su opinión, "los Estados deberían esforzarse por que todos los reclusos que puedan ser excarcelados sin peligro sean puestos en libertad, ya que las cárceles son lugares peligrosos frente al coronavirus, y no por arrestar a más gente".

Por ello, reclamó que "los poderes de emergencia no se conviertan en armas que los gobiernos utilicen para aplastar la disidencia, controlar a la población o perpetuarse en el poder".

En cualquier caso, "las restricciones deben ser necesarias, proporcionales y no discriminatorias". "También han de ser limitadas e ir acompañadas de salvaguardias que impidan su uso abusivo", recalcó.

Bachelet subrayó que determinados derechos "no son derogables", Tales como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura o el derecho a no ser detenido arbitrariamente, de modo que han de estar "vigentes en todas las circunstancias".

Todo esto aparece recogido en un documento publicado por la Oficina de la Alta Comisionada con recomendaciones a los estados en su respuesta frente al Covid-19 en el ámbito de los derechos humanos.

Por último, el texto aconseja que todos los estados de alarma o de excepción sean ratificados por los parlamentos nacionales y controlados por ellos.