Las pymes y los autónomos concentran el mayor número de operaciones aprobadas y financiación concedida, con 412.684 transacciones, el 98% del total, y un importe avalado de 28.614 millones de euros. Gracias a las mismas ha llegado a dichos colectivos 35.832 millones de euros para cubrir sus necesidades de liquidez y circulante.

El 74% de las operaciones aprobadas corresponden a empresas de autónomos o micropymes con menos de 10 empleados, “lo que pone de manifiesto la capilaridad de la línea de avales”, según detalló este viernes el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Las empresas de mayor tamaño han recibido 17.777 millones en financiación, a través de 8.033 operaciones avaladas con 12.133 millones.

Según los datos del Ministerio, el 89% de las operaciones aprobadas avaladas se han destinado a garantizar nuevos préstamos, que, en su mayor parte, el 86,3%, son a largo plazo, de entre cuatro y cinco años.

Por destino geográfico, Cataluña lidera las comunidades autónomas por número de operaciones avaladas, con 77.601 créditos aprobados, que facilitado a sus empresas financiación por valor de 9.744 millones de euros. Le sigue Andalucía, con 64.523 créditos y una financiación de 5.818 millones; y la Comunidad de Madrid, con 54.011 operaciones y 10.596 millones financiados.

En cuanto al destino por sectores económicos, las empresas y negocios del sector turístico, ocio y cultura son las que han recibido un mayor volumen de financiación, con 8.606 millones de euros a través de 82.324 créditos otorgados. Le el sector de Bienes de Consumo y Comercio, con 42.701 créditos y 3.444 millones movilizados en financiación y Construcción e Infraestructuras, con 40.411 operaciones y 5.618 millones financiados.

La línea de avales del ICO asciende a un total de 100.000 millones de euros, de los que ya se han liberado 84.500 millones en cuatro tramos: 20.000 millones para financiar a grandes empresas y 60.000 millones para pymes y autónomos. Otros 4.000 millones son para emisiones de pagarés en el mercado alternativo MARF y 500 millones para reforzar los avales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) y aumentar así la capacidad de las Sociedades de Garantía Recíproca de las Comunidades Autónomas.