El objetivo es “que aporten más los que más tienen” y que se pongan en marcha medidas contra el fraude fiscal para “lograr ingresos suficientes para financiar los servicios públicos” tras la pandemia del coronavirus.

Los firmantes reclaman el fortalecimiento del Estado de Bienestar y que España deje de situarse casi cinco puntos por debajo de la presión fiscal media en la Unión Europea y cuatro puntos por debajo del gasto público medio.

“En el marco de la actual crisis, que precariza aún más la situación de amplias capas de la población” se debe trabajar, según las organizaciones, por una “reforma tributaria que haga realmente efectivos los principios de suficiencia, generalidad, igualdad y progresividad”.

Las coaliciones y entidades que promueven esta carta solicitan “que se devuelva el protagonismo a los impuestos directos, que gravan a las personas y empresas según su nivel de renta o riqueza, frente a los indirectos, que afectan en mayor medida a quienes menos rentas y capacidad adquisitiva tienen”.

Por otro lado, subrayaron que esta reforma “debe poner coto a los mecanismos de elusión fiscal, que grandes empresas y fortunas utilizan para evitar o reducir el pago de sus impuestos”.

Esto pasa por “una lucha decidida contra los mal denominados paraísos fiscales”, algo en lo que han avanzado países europeos como Francia o Dinamarca, que han rechazado rescatar empresas que operen en paraísos fiscales.

El acuerdo político también debe incluir, a su juicio, un pacto de Estado contra el fraude fiscal que “reduzca sustancialmente su elevado nivel, dotando a la Administración tributaria de los medios necesarios a tal fin y desplazando la investigación hacia las grandes bolsas de fraude”.