La decisión se produce después de que la Abogacía del Estado presentara ayer, miércoles, un recurso de apelación directo ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de la jueza de abrir diligencias contra José Manuel Franco, por prevaricación administrativa al permitir la celebración de la manifestación del 8-M pese a la alarma sanitaria por Covid-19.

En su escrito, los servicios jurídicos del Estado argumentaban que la jueza ha abierto “una causa general” contra el Ejecutivo excediendo sus competencias y denunciaba “indefensión” del investigado porque el juzgado ha ido practicando diligencias en el periodo de alarma pero ha suspendido los plazos para que pudiera presentar recurso.

En un principio la comparecencia del delegado del Gobierno se iba a celebrar de manera telemática, pero la nueva comparecencia se ha fijado con declaración presencial del investigado.

Además, estaba también previsto que el día 5 tomará declaración como testigos al secretario general de la Delegación, Fernando Talavera Esteso; al jefe del gabinete del Delegado del Gobierno, Luis María Sanz Moriñigo, y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

La defensa jurídica del Gobierno ha optado por recurrir directamente a la Audiencia Provincial, saltándose el trámite de recurso de reforma que se presenta ante el mismo juez que instruye la causa. Se salta así un paso, en un intento de agilizar al máximo la decisión sobre lo que considera una investigación “prospectiva” sobre la gestión del Gobierno en la pandemia.

La Abogacía del Estado, en un escrito de 19 páginas, considera que la jueza titular del juzgado número 51 de Madrid ha abierto una causa "con una celeridad inusitada, en modo alguno justificada por motivos jurídicos o procesales" causando "indefensión" al investigado, José Manuel Franco, y haciendo de estas diligencias “una causa general” contra el Gobierno.

La defensa del Estado llega a criticar a Rodríguez-Medel por saltarse el estado de alarma al admitir a trámite la denuncia de un particular en el período en el estaban suspendidos los procedimientos judiciales no esenciales, circunscritos a los que tienen presos o a aquellos cuya actuación es “inaplazable”.

La denuncia se presentó el 20 de marzo (seis días después de la entrada en vigor del estado de alarma) y sólo tres días después, el 23 de ese mismo mes, la jueza abrió diligencias y ordenó diligencias a la Policía Judicial y al forense con la advertencia de que no revestían carácter urgente.

Según la Abogacía todas estas diligencias se han acordado durante el estado de alarma “cuando no son urgentes ni inaplazables” pero al tiempo que están suspendidos los plazos para la presentación de recursos, lo que conlleva una "palmaria indefensión" para el investigado. Y concluye que si no había urgencia para las actuaciones no se debieron abrir diligencias, y en caso de hacerlo, no se debieron suspender los plazos de recurso.

Insisten los servicios jurídicos del Estado en que no hay indicios de actuación delictiva por parte de Franco, ni prueba alguna de que el delegado del Gobierno actuara de forma arbitraria y a sabiendas de que podría incurrir en irregularidad alguna dado que “hasta el día 14 de marzo, día en que se aprobó la declaración de estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad".

El recurso concluye que la instructora ha demostrado un “afán” de encontrar indicios de delito que exceden sus competencias al ordenar a la policía judicial información sobre “cualesquier autoridad” más allá del delegado del Gobierno en Madrid que pudiera haber recibido el informe del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la pandemia del coronavirus, convirtiendo estas diligencias en “una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria".