Según indicó el Ministerio de Hacienda el aumento del déficit se debe, por un lado, a la reducción de los ingresos por la caída de la actividad empresarial y el menor consumo, pero también por las medidas adoptadas por el Gobierno para dotar de liquidez a las empresas mediante, por ejemplo, la exoneración de cotizaciones en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor, lo que ha supuesto una minoración de ingresos. Por otra parte, las medidas aprobadas para mitigar el impacto social como la prestación por cese de actividad para los autónomos han provocado un aumento de los gastos.

En concreto, en los cuatro primeros meses del año el déficit del Estado asciende a 19.929 millones. Esta evolución se explica por una caída de los recursos del 6,7%, frente a un incremento de los gastos del 11,75%.

Sólo en el cuarto mes del año los ingresos cayeron un 29,2% y los gastos aumentaron un 48,7%, consecuencia de los aplazamientos de impuestos, moratorias, mayores ayudas y demás iniciativas adoptadas para paliar los efectos derivados de la crisis. Asimismo, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) por importe de 1.745 millones, sin correspondencia en 2020 que afectará al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, aunque sin incidencia en el déficit.

INGRESOS

Por el lado de los recursos no financieros del Estado, en los cuatro primeros meses del año ascendieron a 57.335 millones, lo que supone un descenso del 6,7% respecto a 2019. Los recursos impositivos, que representan el 81,4% del total, se situaron en 46.648 millones, lo que supone un descenso del 11%, al caer prácticamente todas las figuras tributarias.

En este sentido, destaca, por un lado, el descenso del 6,1% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA retrocedió un 9,6%, hasta los 23.428 millones. Respecto a los Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, que descendieron un 19,8%, el Impuesto sobre Sociedades retrocedió un 9,1%. En el caso del IRPF, la caída fue del 26,5%. Los impuestos sobre el capital cayeron un 20% y las cotizaciones sociales descendieron un 1,7%, fundamentalmente, por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas, por otros con Régimen de Seguridad Social.

Respecto al resto de recursos, que siguen la misma tendencia descendente, destacan las rentas de la propiedad, que cayeron un 17,7%, dentro de los cuales los intereses disminuyeron un 15,7%.

GASTO

En el lado de los gastos, hasta abril ascendían a 77.264 millones, cifra superior en un 11,8% a la de 2019, afectada por el incremento de los consumos intermedios, así como por el aumento de las transferencias corrientes a otras administraciones públicas, que crecen en 6.126 millones, fundamentalmente por el sistema de financiación, incluyendo anticipos de la liquidación de 2018. Este apartado incluye también la transferencia a las comunidades autónomas por importe de 303 millones, del Fondo Extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales para hacer frente al Covid-19 y de 206 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacia.

Las transferencias de capital también aumentaron, destacando las transferencias a comunidades autónomas por 369 millones de subvenciones al Plan Estatal de Vivienda. Los consumos intermedios crecieron un 35,4% más, como consecuencia de los 891 millones del programa presupuestario prestaciones sanitarias y farmacia del SNS relacionadas con el Covid-19, sin correspondencia en 2019.

Por su parte, la remuneración de asalariados aumentó un 1,3% debido a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos y a la subida de retribuciones tras el II Acuerdo Gobierno Sindicatos alcanzado en marzo de 2019, para la mejora del empleo público; y al incremento retributivo correspondiente a 2020 del 2%, frente al 2,25% de 2019.

Estos incrementos se vieron compensados, en parte, por el descenso de un 8% de los intereses, de un 22,6% de la cooperación internacional corriente y de un 7,4% de los recursos propios de la UE. Por último, también descendieron las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 723 millones, y sin correspondencia en 2020.

DÉFICIT CONJUNTO HASTA MARZO

Hasta finales de marzo de 2020, el déficit conjunto de la administración central, los fondos de la Seguridad Social y la administración regional, excluida la ayuda financiera, era de 8.636 millones, equivalente al 0,77% del PIB, frente al 0,31% del PIB registrado hasta marzo de 2019. Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras (172 millones en 2019 y -38 millones en 2020), el déficit sería de 8.674 millones de euros, equivalente al 0,78% del PIB.

En concreto, en el primer trimestre la administración central registró un déficit del 0,58% del PIB excluida la ayuda financiera; mientras que el de las comunidades autónomas se situó en 1.703 millones, el 0,15% del PIB, al incrementarse sus ingresos en un 5,1% y sus gastos en un 5,2%.

Las comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra y Valencia registraron hasta marzo un peor resultado presupuestario que el registrado en el mismo mes de 2019.

SEGURIDAD SOCIAL

En cuando a los fondos de la Seguridad Social, registraron un déficit del 0,04% del PIB, debido al impacto ocasionado por la crisis derivada del Covid-19 tanto sobre las cotizaciones sociales como sobre las prestaciones, con una reducción del 4,9% en sus ingresos, frente al aumento del 6,57% en los gastos. El Sistema de Seguridad Social registró un déficit de 657 millones, lo que representa un 0,06% del PIB. Este deterioro se debe a un descenso de las transferencias del Estado en 2.656 millones, mientras que las prestaciones sociales crecieron hasta marzo un 5,8%, frente al 2,8% registrado el mes anterior, y los ingresos por cotizaciones sociales aumentaron un 1,8%, con una tendencia decreciente desde el mes de enero.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) presentó un superávit de 175 millones, con un crecimiento del 2,7% en las cotizaciones sociales y un aumento del 14,2% en prestaciones por desempleo.

El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo aumentó en marzo un 15,2% en comparación con el mismo mes del año anterior y la tasa que se situó casi 10 puntos por encima del aumento registrado en febrero.