“Este retorno a la vía de la negociación” es como justifica ERC, según un comunicado, a que opte por “inclinarse por la abstención a condición de que sea la última extensión del estado de alarma”.

Gobierno y ERC alcanzaron este sábado un acuerdo en el que, según el texto publicado y como reconoce la propia ERC, no incluye “explícitamente” que existe "la voluntad de volver a reunir la mesa de negociación entre el Govern de Cataluña y el Gobierno del Estado una vez la pandemia entre en la fase de 'nueva normalidad'".

En el texto del acuerdo firmado y facilitado por ambas partes sí se afirma que es “la voluntad que esta sea la última prórroga necesaria para afrontar la gestión de la crisis provocada por el Covid-19".

El acuerdo se desglosa en seis puntos en los que se afirma que la prórroga será de 15 días para “afrontar, de manera ordenada, la recta final del plan de desescalada” y que ERC se abstendrá en la votación de la prórroga del estado de alarma.

Además, se establece que “una vez que la unidad territorial de referencia alcance la fase III del Plan de desescalada, corresponderá a las CCAA la condición de autoridad competente delegada para la adopción y la ejecución de las medidas de dicha fase, con la única excepción de las referidas a la libertad de circulación. También serán las CCAA las que puedan proponer al Ministro de Sanidad, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase III de las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su Comunidad y, por tanto, su entrada en la denominada ‘nueva normalidad’”.

Como punto cuarto de lo suscrito, el “Gobierno se compromete, siempre que sea posible, a priorizar medidas normativas y legales de carácter menos excepcional que el Estado de alarma en un futuro y a desvincular de esta medida las propuestas económicas y sociales que tendrán que adoptarse para superar los efectos de esta crisis”.

Para ello "se analizarán las reformas legales necesarias para fortalecer la respuesta a estas pandemias. En concreto, se analizará la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio y todas las leyes sanitarias, tales como la Ley de Salud Pública, con el fin de mejorar y, en su caso, articular un mecanismo alternativo al del estado de alarma, que pueda garantizar la cogobernanza con las CCAA e incrementar la protección de los derechos fundamentales y libertades ciudadanas ante una situación análoga a la padecida por los efectos del Covid-19”.

Dichas “reformas legales serán presentadas a la Comisión de evaluación que se creará en el Congreso de los Diputados con la voluntad de ser tramitadas en un período de 3 meses desde su creación para su aprobación. En dicha Comisión de evaluación también se tratará de la reserva estratégica de material sanitario y de su autoabastecimiento con el fin de que nuestra ciudadanía esté más protegida”, sigue el acuerdo.

En el quinto punto, se acuerda que “una vez que se llegue a un acuerdo en el ámbito europeo sobre el plan de recuperación y el mecanismo “Next Generation EU”, el Gobierno impulsará mecanismos para la participación de las CCAA en la gestión de fondos que provengan del mismo”.

Por último, “se impulsarán los cambios normativos necesarios para que lo dispuesto en la Disposición Adicional 21ª del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo se extienda, en términos similares, a los trabajadores por cuenta ajena residentes fuera del territorio confinado pero cuyo centro de trabajo se encuentra situado en el interior del mismo”.

De este acuerdo, ERC interpreta que la Generalitat “podrá gestionar los Fondos Europeos de Reconstrucción gracias al acuerdo al que han llegado hoy Esquerra Republicana y el Gobierno, en el seno de las negociaciones para una última prórroga del estado de alarma”.

“El pacto", según la formación que preside Oriol Junquera, "también avanzará el retorno pleno de competencias y una prestación para los trabajadores de la Conca d'Òdena, entre otras cláusulas”.