Campuzano hizo esta consideración durante el seminario online 'Retos de sostenibilidad en la nueva normalidad. Escenarios para servicios sociales y el Tercer Sector', organizado por Plena inclusión España junto a Servimedia.

Campuzano, como director de la organización que representa a las personas con discapacidad intelectual en Cataluña, indicó que la crisis sanitaria del Covid-19 ha revelado la "insuficiencia de inversiones" en España respecto de la familia, los jóvenes y la lucha contra la pobreza infantil.

Además, apuntó que un mercado laboral con una "alta precariedad" repercute en una protección social más débil y cuyas lagunas podría cubrir el recién creado Ingreso Mínimo Vital (IMV). Recalcó que la crisis del coronavirus ha destapado un "modelo basado en el 'low cost' respecto a la colaboración público-privada en el ámbito social, lo que repercute en bajos salarios para los trabajadores.

Ese modelo, según Campuzano, ya se arrastraba desde la crisis económica de 2008. Por ejemplo, las tarifas de los servicios sociales concertados con la administración en Cataluña aumentaron por primera vez en 2019 tras no hacerlo durante una década. Ello, según añadió, "en un contexto en el que los ingresos fiscales del Estado español están siete u ocho puntos por debajo de los de países con Estados del bienestar más avanzados".

“INFRAFINANCIACIÓN”

Indicó que el gasto social no era suficiente para reducir la lucha contra la pobreza y la exclusión social ya antes de la irrupción del coronavirus, cuando había "'infrafinanciación' de los servicios sociales y el gasto en sanidad, en educación y en pensiones en España se acercaba a la baja de los gastos medios europeos".

"Ahora aparece la necesidad de una mayor inversión en sanidad, en servicios sociales y en cuidados a las personas, en un contexto de un mayor envejecimiento de nuestra población e insuficiencia de inversiones en infancia, juventud y familia", apostilló.

Además, Campuzano criticó que el Gobierno tomara la "mala decisión" de dedicar fondos de la formación de parados a las prestaciones por desempleo durante el Covid-19 y deseó que revierta esa decisión porque "la formación para desempleados es básica" y la magnitud del paro ocasionado por el coronavirus no debe corregirse detrayendo recursos en formación.

En Cataluña, Campuzano aportó una "visión crítica" de los peores momentos de la pandemia porque los servicios residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad se sintieron "muy abandonados", sin equipos de protección individual ni test, de manera que las organizaciones asumieron "casi absolutamente a pelo" la responsabilidad de garantizar la seguridad y la salud de las personas acogidas.

"Con un modelo 'low cost', la tarifa que el servicio público paga a una entidad social o mercantil no permite buenos salarios para los profesionales de estos sectores. Uno de los grandes debates es cómo vamos a financiar los cuidados para personas mayores y personas con discapacidad, en un momento en que la presión fiscal existente en España es diferente al de las medias europeas. En un contexto de crisis económica relevante y la tendencia de que el aumento en el gasto social se nos va hacia sanidad y con poca inversión en infancia y juventud, tenemos un escenario muy endemoniado que exige mucha política y acuerdos de fondo", concluyó.