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El juzgado decreta el embargo de los bienes de los investigados por el caso Magrudis

Madrid
SERVIMEDIA

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha decretado el embargo de los bienes de los investigados por el caso Magrudis para asegurar los cinco millones de euros de fianza que impuso la jueza Pilar Ordoñez en febrero de 2020 dentro de la causa judicial que se abrió tras la querella que Facua-Consumidores en Acción interpuso contra Magrudis y sus responsables en 2019.

Según precisó este jueves la organización de consumidores a través de un comunicado, en el decreto de embargo, el juzgado indica que no han aportado “fianza ni designado bienes", por lo que ordena el embargo de los bienes de los investigados a fin de asegurar las cantidades requeridas.

Así, en el caso de José Antonio Marín Ponce, "administrador de hecho" de Magrudis y sus dos hijos, Sandro José y Mario Marín Rodríguez, el juzgado ha resuelto que procede el embargo de las cantidades que posean en las cuentas corrientes en entidades financieras y, en el caso de Sandro José Marín, el decreto también le embarga un vehículo del que consta como titular, una cuenta de valores y los derechos que posee sobre la marca ‘La Mechá del todo natural’.

Por otra parte, el juzgado también embarga a la empresa Magrudis SL todas las cantidades que posea en sus cuentas corrientes, varios vehículos de los que consta como titular y la nave industrial en la que se explotaba el negocio junto con todo lo que se encuentre en su interior. Además, embarga a Sandro José Marín Rodríguez, al constar como administrador y socio único, las participaciones que tenga en la misma, debiendo la entidad Magrudis SL “tomar nota en su libro registro del embargo realizado".

El juzgado ha tomado la misma decisión contra la otra empresa investigada en el marco del caso Magrudis, Elaborados Carnicos Mario SLU y, en este caso, el decreto embarga igualmente las cantidades que posea en sus cuentas corrientes así como la nave industrial en la que desarrollaba su actividad.

A Mario Marín Rodriguez, como administrador y socio único de la empresa, se le embargan las participaciones que tenga en la mercantil y el decreto también embarga a la esposa de Marín Ponce y a su cuñada las cantidades que posean en cuentas corrientes, así como los derechos sobre un plan de pensiones a la primera y un inmueble ubicado en Dos Hermanas, a la segunda.

Contra este decreto de embargo cabe interponer recurso directo de revisión en el plazo de cinco días desde su notificación.

(SERVIMEDIA)
04 Jun 2020
MJR/gja