Correas refrendaba así la versión ofrecida por el delegado en Madrid, José Manuel Franco, que compareció este miércoles como único imputado de la causa que investiga el 8-M. En su declaración aseguró que no recibió indicación alguna sobre la necesidad de prohibir concentraciones para evitar contagios de Covid-19 antes de la manifestación feminista.

En concreto, Franco explicó que hasta el 10 de marzo no recibió órdenes del Secretario de Estado para los trabajadores de la Delegación. En consecuencia, fue a partir del 11 de marzo cuando se empezaron a denegar los permisos para realizar concentraciones. Correas refrendó esa versión.

También fue respaldada por el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; y por el jefe del gabinete de Franco, Luis María Sanz. De acuerdo con los atestados de la Guardia Civil, Talavera fue la persona que entregó a los agentes el 20 de abril toda la documentación reclamada por el juzgado relativa a las alertas del coronavirus.

El secretario las aportó haciendo hincapié en que nunca recibieron comunicaciones sanitarias previas a la declaración del estado de alarma. En la causa ejercen de acusación la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena.