Así lo aseguró la organización en una nota después de reunirse de forma telemática este lunes con Celaá. En la cita, la plataforma pidió a la responsable de las políticas educativas "la necesidad" de que la nueva ley educativa (Lomloe) elimine "la segregación forzosa" de las personas con discapacidad en el sistema educativo.

La plataforma aseguró que, "a pesar de que la educación inclusiva es un derecho prescrito en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), doce años después de que España ratificase dicha convención, a día de hoy hay muchas familias que ven truncado su derecho a educarse en entornos inclusivos junto a sus hermanos y vecinos bien por segregación directa por discapacidad, bien por la segregación indirecta cuando no se ponen los ajustes y apoyos necesarios en las escuelas ordinarias".

Otras peticiones que le han realizado a Celaá versaron sobre la "urgente necesidad de recursos que tiene el sistema educativo español" y el largo camino judicial que soportan las familias para defender los derechos de sus hijos, en los que "aun cuando se ganan las sentencias, se pierde gran parte de la infancia y adolescencia de los niños y niñas afectados".

"Una sociedad democrática, plural y diversa no puede seguir consintiendo que el sistema educativo viole la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención sobre los Derechos de la Infancia, ratificada por España en 1990, y la de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, todas ellas amparadas por el Artículo 10.2 de la Constitución Española. Recordemos que por este motivo España recibió la condena expresa de la ONU en dos informes de mayo de 2018 y de mayo de 2019", expuso la plataforma.