Así lo demandó a través de un comunicado en el que recordó que la crisis del Covid-19 ha obligado a todas las universidades españolas a realizar un “formidable esfuerzo” para trasvasar todo el sistema presencial a otro no presencial y subrayó que esta cantidad “no tiene como fin compensar o sustituir la menor financiación que las universidades sufrirán por la modificación de los precios públicos de las matrículas”, que, a su juicio, “deben ser compensados de forma independiente por las comunidades autónomas, según el acuerdo que alcanzaron con el Ministerio”.

La CRUE admitió que durante el primer semestre del curso que viene, si la situación sanitaria lo permite, se podría volver a los campus pero en determinadas condiciones de distancia en las aulas, en los pasillos y en las zonas comunes.

“Las universidades no queremos renunciar a la docencia presencial porque es seña de identidad de nuestra enseñanza y vamos a hacer todo lo posible para preservarla”, añadió, al tiempo que puntualizó que estos centros llevan semanas trabajando en una fórmula de docencia mixta o de “presencialidad adaptada” que requerirá de un “importante ajuste” y de una nueva planificación para que los estudiantes logren los resultados de aprendizaje esperados en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

La dotación del fondo Covid-19 destinada a la Universidad a través de las comunidades autónomas “ayudará”, según los rectores, a que los procesos de adecuación que las universidades tengan que poner en marcha en sus centros se realicen con rapidez y a que el impacto sobre la comunidad universitaria, especialmente sobre el estudiantado más vulnerable, sea “mínimo”.

“Por eso es muy importante agilizar su ejecución y evitar trámites burocráticos que ralenticen un proceso que debe ponerse en marcha cuanto antes”, sentenciaron.