En estos términos se expresó en primer lugar Tomás Pascual, presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y de la empresa Calidad Pascual, quien reivindicó el papel de esta industria y destacó que se trata de “la primera industria del país”, con un volumen de negocio de 120.000 millones de euros y un valor añadido de alrededor de 26.000 millones, así como un superávit comercial de 10.000 millones de euros.

“La industria ha dado la cara junto a toda la cadena alimentaria, abasteciendo en momentos de tensión y de inseguridad”, señaló Pascual sobre la actuación del sector en los meses de confinamiento y añadiendo que fue “eficiente y eficaz”.

Así, Pascual indicó que la crisis del coronavirus ha afectado “de forma desigual” al sector, con empresas “muy favorecidas” por el gran consumo de los hogares pero también otras muy afectados por el cese de la actividad de la hostelería, que supone el 30% de la actividad del sector. En este sentido, señaló que unas 800 empresas del sector podrían desaparecer, por lo que reclamó ayudas para reactivarlas “y volver a la normalidad”.

Para ello, abogó por “generar confianza”, con regulaciones homogéneas tanto en el ámbito nacional como europeo, y por la colaboración público-privada a la hora de decidir qué medidas implantar, por lo que reivindicó la importancia del diálogo social y de que este “vuelva a la normalidad” para dar tranquilidad a las empresas.

Asimismo, destacó la importancia de los avales ICO para dar liquidez a las empresas pero resaltó su preocupación por que la falta de liquidez no se convierta en falta de solvencia, y también abogó por los aplazamientos tributarios y moratorias, así como una mayor flexibilidad en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Además, también advirtió que es necesario apoyar la demanda y el consumo, y que podrían ser frenados con impuestos al consumo.

Por su parte, el presidente del Grupo Fuertes (El Pozo), Tomás Fuertes, también resaltó la importancia del sector agroalimentario en España, al representar el 9,2% del PIB, dos millones y medio de trabajadores directos y el 17% de las exportaciones españolas, por lo que pidió “seguridad jurídica” y que los políticos “tiren del carro” y legislen “para quien genera lo que se necesita: puestos de trabajo y riqueza”.

EBRO FOODS

En la cumbre organizada por la patronal también participó el presidente de Ebro Foods, Antonio Hernández, quien subrayó el carácter “esencial” del sector alimentario y su papel “decisivo” durante la crisis “para dar tranquilidad”.

Por ello, en su intervención Hernández reclamó que la reforma en la UE de la Política Agraria Común (PAC) sea “justa y sostenible” y que en ella se proteja “nuestra agricultura”, así como que Europa tenga soberanía para no depender de las importaciones a terceros países.

Hernández también apuntó la necesidad de diversificar la economía española a través de la industria y la ciencia para ser menos dependientes del turismo, y aseguró la reforma fiscal debe ser “justa pero no confiscatoria”.

A este respecto, pidió al Ejecutivo “hacer una política fiscal inteligente, no distributiva”, para acto seguido opinar, en referencia al Ingreso Mínimo Vital, que “las políticas de renta básica permanentes y no coyunturales consiguen hacer un clientelismo, adoctrinar a gente que se acostumbra en la ociosidad y no en la generación”. “La dignidad de la persona necesita un trabajo y no un subsidio, un cheque que crea dependencia y falta de libertad”, añadió.

En representación del sector también participaron el presidente de Matarromera, Carlos Moro; de Campofrío, Paulo Soares; el del Grupo Osborne, Ignacio Osborne, y el de Viscofan, José Domingo de Ampuero, quienes coincidieron en destacar la importancia de su sector y en reclamaciones sobre la seguridad jurídica y fiscal y la colaboración entre el sector público y el privado en materia de regulación.