Para los tres primeros, la Fiscalía pide una condena a diez años de cárcel por sedición o, alternativamente, por desobediencia con penas de inhabilitación y una multa de 60.000 euros para los máximos responsables y de 30.000 para Laplana.

Ninguno de los cuatro acusados ha hecho uso de su derecho a la última palabra. La tesis de la abogada de Trapero, Olga Tubau, es que el dispositivo policial bajo la dirección del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos fue un fracaso policial que ocultaba uno político y que la responsabilidad de no haber podido impedir el 1-O se debe repartir entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos.

Negó cualquier tipo de connivencia de Trapero con los líderes políticos independentistas y se reafirmó en que la actuación del jefe de los Mossos fue en todo momento acorde con las órdenes recibidas de la Fiscalía y los jueces. Su alegato final, duró casi diez horas.

Después fue el turno del abogado Cristobal Martell, en representación del ex director general del cuerpo policial, Pere Soler. Su estrategia se ha centrado en demostrar que Soler no participó en la planificación del operativo del 1-O y en defender que no fue en ningún caso una "simulación". El abogado aseguró que el dispositivo diseñado para impedir el referéndum "podrá parecer muy hippie, pero no fue un engaño".

Insistió en que nunca intentó “alinear” al cuerpo policial con sus convicciones independentistas y destacó que no participó en el diseño del dispositivo: “En esta guerra no estaba Pere Soler", que ni participó en la "génesis" de los documentos policiales, ni estuvo en las reuniones en las que Trapero y otros mandos policiales "conminaron" al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a que desconvocaran el referéndum.

En suma, dijo, Pere Soler no fue un instrumento de los líderes del `procés”´para convertir a los Mossos en “un instrumento para subvertir el orden constitucional”, razón por la que no puede ser condenado por sedición. De hecho, manifestó en otro momento de la presentación de su informe final, “se le pidió interferir en la actuación de los Mossos, y no lo hizo”, como tampoco incurrió en el “pecadillo venial” de la desobediencia que le quiere endosar la Fiscalía.

Alejado de cualquier tipo actuación dirigida a dar “impulso activo” a los independentistas para “que se alzaran en contra de las resoluciones judiciales”. Las convicciones independentistas de Soler, insistió, son “irrelevantes” desde el punto de vista penal porque en ningún caso alentó a la sedición.

En nombre de César Puig, el abogado Fermín Morales, desvinculó su actuación de las decisiones operativas de los Mossos durante el proceso secesionista puesto que “no estaba en la cadena de mando operativo” y su tarea se centraba en el control presupuestario, organizativo y de personal del cuerpo autonómico.

Recordó, en este sentido, que la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del `procés´ dejó claro que no hubo desvío dinero público al referéndum ni hubo comportamiento “sedicioso” alguno ni tampoco “desobedeció al Tribunal Constitucional”. El letrado concluyó que la Fiscalía acusa a Puig porque al ser condenado el conseller de Interior, Joaquim Forn, le considera automáticamente partícipe del plan secesionista.