Así lo explicó a Servimedia Rafael de Lorenzo, partidario de la "remodelación y reubicación" del artículo 49, el que en la actual Carta Magna regula la protección de las personas con discapacidad. Esta idea aparece además en el libro 'Fundamentos del Derecho de la Discapacidad', editado por Thomson Reuters Aranzadi dentro de su colección Grandes Tratados.

En su opinión, "no sólo habría que cambiar el contenido (del artículo), que se ha quedado claramente anticuado y es muy poco específico", sino reubicarlo en el capítulo II del texto constitucional. De Lorenzo se refirió "por supuesto a la supresión del término 'disminuido' y a su sustitución por la expresión 'personas con discapacidad', pero también a "una redacción más clara y ambiciosa" que incluya fórmulas específicas sobre los derechos reconocidos y sus garantías.

Además, reclamó una recolocación de todo este texto para situarlo en la sección primera del capítulo segundo, referido a los Derechos y Libertades Públicas. De este modo, su incumplimiento podría ser denunciado ante los tribunales y los poderes públicos estarían obligados a garantizarlo. Con todo, el jurista se mostró consciente de las dificultades que "una reforma de este calado" encuentra en el panorama político actual.

INICIATIVAS PENDIENTES

Esta modificación del artículo 49 de la Carta Magna es una de las iniciativas legislativas que arrancaron la pasada legislatura y que han quedado pendientes de aprobación. Entre ellas, mencionó la reforma del Código Civil, en lo referente a la incapacitación judicial de las personas con discapacidad. Se trata de "una de las reformas más ambiciosas del Código Civil", que por otra parte data del siglo XIX y "necesita una actualización".

Según De Lorenzo, el sentido de la nueva norma va en el de sustituir la figura del tutor por la del curador. Si la primera reemplaza la voluntad de la persona incapacitada judicialmente, el objetivo de la segunda es que sea esta persona la que tome sus decisiones, "siempre garantizando los apoyos precisos". De este modo, se evitarían "vulneraciones flagrantes como la privación del derecho de sufragio -ya corregida-, las esterilizaciones forzosas o la imposibilidad de gestionar patrimonios. "Si todo va bien, creemos que podría estar lista para antes de verano de 2021", indicó.

NUEVA DISCIPLINA

Una de las tesis del libro tiene que ver con la creación del derecho de la discapacidad como disciplina propia dentro del derecho español, tanto por el número de personas a las que afecta como por la gran cantidad de normas que ya existen en este terreno. Según de Lorenzo, "sería muy útil" de cara a la especialización profesional de jueces, fiscales, procuradores y, sobre todo, abogados. "Podría así surgir la figura del abogado experto en discapacidad, avanzó De Lorenzo. Este es uno de los objetivos de hecho del libro y de la serie acordada con la editorial.

De Lorenzo aclaró que el propósito de la obra no es regular mejor, sino crear un cuerpo teórico sistematizado, que permita un mejor seguimiento de cara a lograr su cumplimiento efectivo.

Puso como ejemplo la Ley General de Accesibilidad de 2007, cuya moratoria concluyó hace más de dos años. "Es una norma muy ambiciosa y avanzada, que está muy lejos de cumplirse en lo más básico", afirmó, y lo mismo sucede por ejemplo con la cuota de reserva de las personas con discapacidad.

A ello quiere contribuir esta obra, la primera de una serie de publicaciones sobre derecho de la discapacidad, promovida por Cermi y por la Fundación Derecho y Discapacidad.