Estas asociaciones emitieron un comunicado conjunto en el que establecieron que el militar “está harto” de que su “trabajo” y “profesionalidad” carezcan de un “reflejo justo en sus retribuciones” y denunciaron que “se sienten ninguneadas y engañadas desde la propia cúpula ministerial”.

Señalaron que tras la ‘Operación Balmis’ los militares se exponen a la “crudeza de la situación límite a la que se les somete, quedando en el desamparo y en la falta de dignidad para unos profesionales que cumplen, con creces, sus cometidos constitucionales”.

Destacaron que “una carrera militar sin expectativas” y “unos derechos diezmados que impiden la ciudadanía plena” les dejan “en una deshonrosa situación profesional y les sumen en la ignominia como servidores públicos”.

Pusieron de manifiesto que la “nueva normalidad” ha de servir para que desde la “reconstrucción” los miembros de las Fuerzas Armadas alcancen “el estatus de plena ciudadanía, sus retribuciones se ajusten a las de otros cuerpos de servidores públicos y su carrera profesional se guíe por los principios de mérito y capacidad sin límites ni barreras”.

Por todo ello, han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y advirtieron de que no descartan “acciones futuras que muestren al resto de la sociedad el abandono al que estamos sometidos sin un reconocimiento retributivo y unas condiciones de carrera justas”.