Escrivá expresó este compromiso en un encuentro online organizado por la agencia de noticias Servimedia y Plena Inclusión, en el que también participaron el presidente del Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno; el director de Plena Inclusión España, Enrique Galván; el director de Plena Inclusión Cataluña (Dincat), Carles Campuzano, y la responsable del departamento Jurídico de Plena Inclusión, Inés de Araoz.

La reunión fue moderada por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, con el objetivo de explicar el impacto de esta nueva prestación aprobada por el Gobierno de España para las personas con discapacidad, en especial para aquellas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Así, los participantes trasladaron al ministro las demandas del sector respecto a la nueva ayuda, con el propósito de que sean incluidas durante la tramitación parlamentaria de la norma que el Ejecutivo aprobó como decreto ley a finales de mayo para que entrara en vigor el 1 de junio y los beneficiarios tuvieran derecho a cobrar la ayuda desde esa misma fecha.

En su intervención, el presidente del Cermi explicó que se ha elaborado un conjunto de enmiendas con este fin, que "haremos llegar a todos los grupos parlamentarios" para su incorporación a la nueva ley.

El mantenimiento de las prestaciones por hijo a cargo y la posibilidad de que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan recibir el IMV aunque vivan junto a su familia son dos de sus principales reivindicaciones, de cara a promover la "vida independiente" de este colectivo. También pidieron la promoción del empleo y la posibilidad de compatibilizar el IMV con un salario, así como la no exclusión de quienes reciben pagos para servicios residenciales.

Por todo ello, Escrivá les emplazó a "hacer llegar cuanto antes" estas propuestas a su despacho, para reunirse en breve y tratarlas conjuntamente. Avanzó que algunas se podrán solucionar en el desarrollo reglamentario de la norma, otras "son cuestiones de interpretación y posiblemente otras requieran alguna reforma" del texto.

DEMANDAS

Para el presidente del Cermi, la mayor exclusión que sufren las familias de las personas con discapacidad no se ha recogido con la suficiente sensibilidad en la norma publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Por eso, hemos preparado una serie de enmiendas que queremos que se estudien para mejorarla", indicó. Así, como ejemplo, citó la reforma que el IMV implica en algunas prestaciones de la Seguridad Social donde "se había reforzado la dimensión de discapacidad". "A no ser que el ministro nos diga lo contrario, yo aquí sí veo una posibilidad de mejora clara", sostuvo.

En la misma línea, Inés de Araoz pidió "aclarar" la disposición adicional referida a la Ley General de la Seguridad Social porque "hace una especie de refrito" y parece que la prestación por hijo a cargo cuando se trata de un menor con discapacidad inferior al 33% o cuando se refiere a mayores de edad con discapacidad "quedan equiparadas y pueden desaparecer". "Las familias sabemos lo difícil que resulta establecer el grado de discapacidad en las primeras etapas del desarrollo", por lo que la modificación de esa figura resulta perjudicial, explicó.

Escrivá indicó que este "es un primer paso hacia una reordenación de las prestaciones de la Seguridad Social" que, a su juicio "no tienen elementos suficientemente redistributivos". "Debemos introducir este tipo de correcciones para que aquellos hogares con niños discapacitados pobres reciban un apoyo mayor". "Es importante identificar con mayor precisión los hogares especialmente vulnerables donde viven personas con discapacidad", insistió.

MAYOR POBREZA

A juicio de Campuzano, "lo que la norma ignora son las carencias de fondo de nuestro sistema de protección social". Por eso, detalló que la tasa de pobreza entre el colectivo es siete puntos superior a la media nacional "y cuatro puntos más si nos referimos a pobreza severa".

Asimismo, más de la mitad de los perceptores de pensiones por incapacidad son personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental, resaltó. En su opinión, "la discapacidad supone un gran sobrecoste para las familias, sobre todo cuando hay niños pequeños". Por todo ello, propuso que las personas con discapacidad intelectual "sean consideradas sujetos de derecho independientes de sus familias". La actual redacción de la norma, que les vincula a su unidad de convivencia, "hace muy difícil que puedan independizarse", puntualizó Campuzano.

En cuanto al empleo, Inés de Araoz destacó el poco acceso de este colectivo al mercado laboral y las escasas oportunidades de salir de su situación de pobreza. "Lo que planteamos es que estas personas tengan la oportunidad de contribuir a la sociedad".

Por su parte, el ministro se comprometió a estudiar todas estas propuestas y manifestó su deseo de "recibirlas todas juntas cuanto antes". "Deberíamos tener una reunión cuanto antes para proseguir esta conversación", dijo invitando al resto de participantes. De este modo, "podríamos contemplar qué parte requiere interpretación, qué parte puede depender del desarrollo reglamentario" y, en su caso, qué elementos precisan una reforma. "En las próximas semanas hay tiempo para ello", indicó en referencia a la tramitación parlamentaria de la ley. "Vamos a estudiarlo todos juntos", remachó.

PROCESO ACELERADO

Escrivá admitió que la norma se redactó en "muy poco tiempo" y que les "hubiese gustado haber podido tener mucha más interacción con los distintos sectores y haber dispuesto de un plazo mayor". Además, afirmó que los itinerarios de inserción laboral para este tipo de colectivos "serán prioritarios" y que ya están hablando con las administraciones más directamente involucradas para ello.

El presidente del Cermi achacó también algunas lagunas de la ley a la precipitación. "La aceleración con que la norma se ha aprobado, necesaria ante las circunstancias que vivía el país, ha deteriorado un poco su ordenamiento legal", dijo. De ese modo, la comparó con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia de 2006, que previamente contó con siete meses para la elaboración de un Libro Blanco y sólo en la preparación del anteproyecto de ley necesitó un año. "Ahora tenemos el trámite parlamentario para mejorarla", declaró.

HITO HISTÓRICO

Con todo, Luis Cayo Pérez Bueno afirmó que la aprobación del IMV ha supuesto "un gran paso en nuestro precario sistema de protección social". "El Gobierno que lo ha conseguido merece una ovación", prosiguió, pues "sólo hace tres años, esta demanda de los movimientos sociales parecía impensable". De hecho, en la crisis de 2008 tendría que haber existido algo similar, precisó Campuzano. Enrique Galván coincidió en calificar la medida como "hito histórico" y pidió que las necesidades de las personas con discapacidad, especialmente afectadas por la pobreza, "no sean invisibilizadas".

Por eso, se mostró muy satisfecho con la propuesta de reunión del ministro, idea en la que coincidieron todos los demás asistentes.