Así se refleja en los datos de ejecución presupuestaria publicados este martes por el Ministerio de Hacienda, donde se destaca “el buen comportamiento” de las comunidades autónomas que registran un superávit del 0,02% gracias a los recursos transferidos por el Gobierno.

En concreto, en los cinco primeros meses del año el Estado registró un déficit de 32.251 millones de euros, lo que equivale a un 2,88% del PIB. Este comportamiento, explicó Hacienda, “se debe a la caída de la actividad por el confinamiento necesario para combatir la pandemia, lo que ha provocado un descenso de los recursos del 10,6%”. Asimismo, las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar los efectos sociales, económicos y laborales de la crisis conllevan un aumento de los gastos del 10,8% hasta mayo.

En cuanto al déficit conjunto de las administraciones, hasta abril se situaba en 23.997 millones de euros, equivalente al 2,14% del PIB, con un aumento de 17.300 millones, de los que 8.866 millones se deben a gastos generados por Covid-19.

La Administración Central en abril registró un déficit de 19.866 millones, el 1,78% del PIB, mientras que las comunidades autónomas registraron un superávit de 231 millones hasta abril, frente al déficit de 2.714 millones del mismo periodo del año anterior. Los fondos de la Seguridad Social, por su parte, obtuvieron un déficit del 0,39% del PIB, con unas cifras de ingresos y gastos “notablemente afectadas por el impacto de la pandemia”.

ESTADO

En lo que se refiere a las cuentas del Estado, sus ingresos ascendieron a 63.950 millones, lo que supone un descenso del 10,6% respecto a 2019. Los recursos impositivos, que representan el 80,1% del total, supusieron 50.247 millones, lo que implica un descenso del 14,2%, al caer prácticamente todas las figuras tributarias.

Así, los impuestos sobre la producción y las importaciones retrocedieron un 10,7% y, entre ellos, la recaudación del IVA cayó un 13,9%, hasta los 25.721 millones. Los ingresos de los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descendieron un 21,6%, mientras que el Impuesto sobre Sociedades cayó un 6,7% y el IRPF un 31,5%. También descendieron los impuestos sobre el capital, un 28% y las cotizaciones sociales un 2%.

Respecto al gasto del Estado, ascendió a 95.017 millones, registrando un aumento del 10,8% respecto al mismo mes de 2019. Los consumos intermedios crecieron un 31,1% como consecuencia del gasto de 926 millones derivado del programa presupuestario prestaciones sanitarias y farmacia del Sistema Nacional de Salud relacionadas con el coronavirus, sin correspondencia en 2019.

Además, la remuneración de asalariados aumentó un 0,9% debido, por una parte, a la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos y al incremento retributivo correspondiente a 2020 del 2% frente al 2,25% de 2019.

Las transferencias corrientes a otras administraciones es una de las partidas que más se incrementó, alcanzando los 54.958 millones, un 14,6% más que el ejercicio anterior. El mayor importe ha correspondido a las comunidades autónomas, que hasta mayo recibieron transferencias por un importe de 37.088 millones, cifra que supone 5.967 millones más que el año anterior, debido, fundamentalmente, a la decisión del Gobierno de actualizar las entregas a cuenta y adelantar la liquidación de 2018.

Destaca también el incremento de la inversión, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7), por importe de 1.745 millones, y el incremento de los recursos propios de la UE, que crecieron un 9,5% hasta mayo.

Desde Hacienda resaltaron que estos incrementos se ven compensados, manteniendo la tendencia de los meses previos, en parte, por el descenso de un 10,5% de los intereses, de un 19,3% de la cooperación internacional corriente, y también de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital un 85,1% como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 723 millones, y sin correspondencia en 2020.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En lo que respecta al superávit de 231 millones de euros de las comunidades autónomas, sus ingresos se incrementaron un 12,3%, con un aumento de los ingresos impositivos un 8,4%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecieron un 20,3%, y el incremento registrado en las transferencias recibidas de otras administraciones públicas en un 18,9%.

En este sentido, Hacienda subrayó que “este comportamiento positivo de las comunidades autónomas muestra que las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la situación de emergencia en las comunidades autónomas y dotarlas de liquidez han sido eficaces”.

Así, 6.218 millones de euros de adelanto de recursos para este subsector, sin correspondencia con el mismo periodo de 2019, corresponden a la actualización efectiva de las entregas a cuenta entre marzo y abril, que se realizó por primera vez sin tener un proyecto de Presupuestos Generales; el adelanto de hasta el 50% de la liquidación definitiva de 2018; el adelanto de la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, así como la financiación específica surgida tras el Covid-19 (303 millones del Fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales y 300 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacia).

Por otra parte, los ingresos por los impuestos sobre la producción y las importaciones cayeron un 20,6%, y sólo en abril se perdieron 583 millones de ingresos impositivos como consecuencia de la crisis.

Dentro del gasto no financiero, que aumentó un 6,5%, los consumos intermedios crecieron un 10,6%, debido al aumento del gasto farmacéutico hospitalario y el gasto en productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación. La remuneración de asalariados se incrementó un 5,1%, correspondiendo 289 millones al incremento registrado en sanidad, un 12,5% superior a la registrada en abril de 2019.

Salvo cuatro comunidades, el resto registraron superávit hasta abril y 13 territorios mejoraron su resultado presupuestario respecto al mismo mes del año anterior. Si se descuenta en ambos periodos el efecto de los anticipos concedidos a cuenta del sistema de financiación, los ingresos crecerían un 8% (4.203 millones más) y los gastos un 6,5% (3.637 millones). De este importe, según la información transmitida por las comunidades autónomas, hay 2.238 millones que corresponden a gasto en sanidad derivado del Covid-19.

SEGURIDAD SOCIAL

En cuanto a los fondos de la Seguridad Social, con un déficit del 0,39% del PIB, frente al superávit del 0,3% de abril de 2019, los ingresos crecieron un 0,4%, mientras que los gastos no financieros aumentaron un 15,7%, de los cuales las prestaciones sociales crecieron en 7.176 millones respecto al mismo periodo de 2019.

Sobre este punto, Hacienda destacó que el aumento se debe a “medidas que protegen tanto a los autónomos, con el establecimiento de una prestación extraordinaria por cese de actividad o por reducción de la facturación, como a los trabajadores por cuenta ajena a los que en caso de suspensión de contratos y reducción de jornada por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se les reconoce la prestación contributiva por desempleo mientras dure esa situación”. En ambos casos se establece la exoneración de las cotizaciones sociales, a la empresa en el abono de la aportación empresarial y de las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, y a los autónomos en sus cuotas mensuales.

De esta forma, el gasto en prestaciones sociales aumentó en abril en 4.564 millones respecto al mismo periodo de 2019, de los cuales 3.000 millones corresponden a los ERTE y 1.100 millones a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos. Además, el gasto en subvenciones creció en 1.159 millones respecto a 2019 debido a las exoneraciones de cuotas.

El Sistema de Seguridad Social registró un déficit de 821 millones debido al aumento del gasto en prestaciones sociales un 6,9% (correspondiendo la mayor parte a gasto en pensiones que se han revalorizado un 0,9% este año), mientras que los ingresos por cotizaciones sociales crecieron solo un 0,1%.

Por su parte, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) obtuvo un déficit de 3.576 millones por el incremento del gasto en prestaciones por desempleo, que aumentaron en 3.457 millones respecto a 2019.

Por último, el Ministerio de Hacienda también ha publicado los primeros datos de ejecución de 2020 de las corporaciones locales, correspondientes al primer trimestre del año. En este periodo, registraron un déficit de 493 millones, lo que equivale al 0,04% del PIB. Con estos datos de las corporaciones locales, el déficit del conjunto de administraciones públicas en el primer trimestre del año se situó en el 0,82% del PIB, frente al 0,33% del año anterior, con un crecimiento del gasto en un 5,5%, frente a un incremento de los ingresos del 1,1%. Del aumento del gasto, alrededor de 1.832 millones correspondería, hasta marzo, al gasto consolidado derivado del Covid-19.