La AICA ha admitido a trámite la denuncia presentada contra estas empresas por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Son sociedades anónimas, limitadas y una cooperativa, según informó hoy la organización agraria en un comunicado.

Estas empresas habrían comprado y vendido fruta sin contratos, o con contratos sin los elementos mínimos requeridos, como el precio o los plazos de pago.

UPA confía en un comunicado en que los expedientes se traduzcan en “sanciones firmes” cuando se demuestre que efectivamente estas empresas han incumplido la ley de la cadena alimentaria, que fue modificada mediante real decreto en el mes de febrero tras las movilizaciones de los agricultores al límite, y que va a recibir nuevas actualizaciones con la trasposición de la directiva de la UE de prácticas comerciales desleales.

“Las reglas del juego han cambiado”, señala UPA. “Ahora tenemos una normativa que sienta las bases para que el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, aporta seguridad jurídica a los agricultores y ganaderos y apuesta por que los productores de alimentos reciban unos precios justos por sus productos”.

Aparte de estas conductas de estas ocho empresas, UPA ha denunciado también la presencia en los lineales de ciertos supermercados fruta de muy bajo calibre, por debajo de los 35 milímetros, que a los agricultores ni siquiera se les paga al considerarla 'destrío'. Esto perjudica a toda la cadena, pues tira de los precios en origen hacia abajo, afectando a todas las categorías, mientras que los consumidores siguen pagando un precio alto por la fruta, afirma UPA.