Cerca de las 11.30 horas en los jardines del Palacio de la Moncloa, rubricaron el pacto con Sánchez el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Durante el acto de firma estuvieron presentes los cuatro vicepresidentes del Gobierno -Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera-, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Las partes han acordado reactivar “con carácter inmediato” las mesas de diálogo social ya constituidas para incorporar medidas para crear empleo y abordar una serie de medidas.

El acuerdo incluye una medida aprobada este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario como es un segundo programa financiero de apoyo público a las empresas dotado con 50.000 millones de euros para reforzar a aquellas que sean solventes en sectores estratégicos, pero en una situación vulnerable por el coronavirus.

Los firmantes se comprometen a impulsar la reincorporación de los trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivados del Covid-19 primando los ajustes en horas de trabajo y no en empleos, contratar de nuevo a los trabajadores temporales que terminaron su contrato durante la crisis “cuando las circunstancias así lo permitan” y desarrollar un marco “adecuado de contribución compartida” para los ERTE por causas objetivas, con el fin de que éstos se consoliden.

También se comprometen a acelerar la reactivación económica con un pacto por la industria, “modernizando” el marco laboral para “minimizar” el impacto de crisis futuras, desarrollar mecanismos para la formación de los trabajadores, definir un marco “adecuado” sobre el trabajo a distancia y la adaptabilidad de la jornada, impulsar la transición “verde”, la digitalización de la economía, modernizar las políticas activas de empleo para hacerlas más eficaces, apoyar el desarrollo de la economía social y también de los autónomos, reforzar los servicios públicos, garantizar la sostenibilidad y suficiencia a largo plazo de las pensiones públicas e impulsar medidas para aflorar la economía sumergida “luchando contra el fraude, la precariedad y la evasión fiscal”.

Este pacto se deriva del último acuerdo para prorrogar los ERTE alcanzado el pasado 25 de junio entre Gobierno y agentes sociales, en el que se hace referencia al compromiso de todas las partes de incorporar medidas tendentes a la creación de empleo a través del diálogo social.

Con el citado acto, Sánchez vuelve a firmar con los agentes sociales un nuevo documento acordado, después de hacerlo el 11 de mayo para prolongar entonces los ERTE hasta el 30 de junio y en enero para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros mensuales.