La cifra refleja una realidad “doblemente invisible”, donde las agresiones físicas, psicológicas, sexuales e institucionales se ven agravadas por la falta de accesibilidad, el estigma social y la ausencia de mecanismos efectivos de denuncia y reparación.

“Hay violencias que duelen en silencio. Y otras que, además, nadie quiere ver”. Así comienza el testimonio de la delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de la Fundación Cermi Mujeres, Sara de Torres Riveiro, en una entrevista concedida a Servimedia.

Su voz resuena con firmeza, pero también con una mezcla de tristeza e indignación. Porque lo que denuncia no es una excepción, sino una norma cruel: “ser mujer y tener una discapacidad en nuestra sociedad es, muchas veces, sinónimo de ser doblemente invisible”.

Las mujeres con discapacidad constituyen una de “las poblaciones más vulneradas” de derechos fundamentales en el mundo. En España, según datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad, más del 65% de las mujeres con discapacidad sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

La cifra no sólo es escalofriante, sino que se agrava cuando se entiende el tipo de violencia: no se trata solo de la violencia física o psicológica, sino también de la institucional, la económica, la sexual… Como revela Sara de Torres Riveiro, incluso de “la esterilización forzada”, una práctica prohibida legalmente desde 2021, pero que “se sigue realizando de manera encubierta, sin castigo ni reparación”.

UNA DOBLE INVISIBILIDAD

“La violencia de género en todas sus formas se manifiesta de forma especialmente agravada en mujeres con discapacidad”, explica Sara. Desde una dependencia económica más marcada, hasta una falta de formación que “les impide identificar el maltrato” que viven. “Muchas no saben que son víctimas”. Otras, directamente, “no pueden denunciar”.

¿El motivo? Falta de accesibilidad, desconfianza de los cuerpos policiales, barreras físicas y comunicativas, y una sociedad que no las cree, afirma la vicepresidenta de la ONCE y presidenta del Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Grupo Social ONCE, Patricia Sanz, en una entrevista concedida a Servimedia.

La técnica de apoyo en Cermi Mujeres y persona con discapacidad auditiva, Paula González, lo expresa con claridad: “Si tuviera que denunciar, tendría miedo de no ser comprendida. A veces las cosas importantes se dicen por megafonía, y simplemente no las oigo. Me quedo fuera”.

Esta sensación de exclusión se repite. Las campañas de concienciación, los recursos de protección, los sistemas de denuncia no están pensados para ellas. Como apunta Sara de Torres Riveiro: “Cuando una mujer no se ve representada en una campaña contra la violencia cree que ese mensaje no es para ella”.

ESTERILIZADAS POR TENER DISCAPACIDAD

Uno de los puntos más oscuros de este entramado de violencias es la esterilización forzada. Hasta noviembre de 2020, España permitía legalmente que mujeres con discapacidad fueran esterilizadas sin su consentimiento. “Es una forma de tortura, una violación flagrante de sus derechos”, sentencia Sara. Y “lo peor es que no hay cifras completas, ni registros claros, ni un plan de reparación”, añade.

Entre 2005 y 2016, según el Consejo General del Poder Judicial, más de 1.000 mujeres con discapacidad fueron esterilizadas. “La ley cambió, sí. Pero muchas de estas mujeres siguen esperando justicia, una indemnización, o al menos, una disculpa pública”, explica Sara.

“No se ha restaurado su dignidad. No se les ha dicho ‘esto fue una violación de tus derechos y lo reconocemos como tal’”, lamenta Sara. Desde Cermi Mujeres exigen al Estado “medidas de reparación integral: compensaciones simbólicas o actos públicos de perdón”.

Para muchas mujeres, la violencia empieza en casa y continúa en el trabajo. “Hay lugares donde ya desde la entrevista te miran como si no fueras suficiente”, relata Paula. La discriminación laboral hacia mujeres con discapacidad no es un problema menor: según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las mujeres con discapacidad tienen “las tasas más bajas de empleo” y “los salarios más bajos” del país. A eso se suma el acoso, la falta de accesibilidad, la segregación.

En la educación, el panorama no mejora. “Desde pequeñas, las niñas con discapacidad son apartadas. Se duda de su capacidad, de su autonomía. Y se les niega incluso el derecho a recibir educación sexual”, afirma Paula. Esta falta de información se traduce, entre otras cosas, en “una vulnerabilidad extrema frente a abusos sexuales, embarazos no deseados y una visión distorsionada de su propio cuerpo y sus derechos”.

Una mujer embarazada y su pareja rodean su vientre | Foto de 123rf/serezniy

UNA MATERNIDAD NEGADA

La sociedad sigue creyendo que “una mujer con discapacidad no puede ser madre”. Ese estigma, profundamente arraigado, no sólo afecta a su autoestima, sino también a su libertad reproductiva. Sara explica que muchas mujeres “son disuadidas, presionadas o incluso directamente privadas” de la posibilidad de tener hijos.

“Hay que desmontar la idea de que las mujeres con discapacidad son asexuadas o incapaces de formar una familia”, denuncia. El derecho a decidir sobre su cuerpo y su maternidad es “constantemente cuestionado”. Incluso en hospitales y consultas ginecológicas, los prejuicios se cuelan en las decisiones clínicas.

¿Y los medios? ¿Qué papel juegan? “Fundamental, pero aún muy estereotipado”, explica Sara. Se sigue representando a las mujeres con discapacidad como “víctimas pasivas” o como “heroínas excepcionales”. “Nunca como lo que son: mujeres diversas, con deseos, talentos, problemas, derechos”.

El lenguaje, las imágenes, los enfoques… todo contribuye a esa “invisibilidad que tanto daño hace”. La discapacidad se esconde, se evita, o se romantiza. Pero rara vez se muestra en su complejidad, reflexiona Patricia.

Ante esta situación, la respuesta de las expertas pasa por: formación (para mujeres, familias y profesionales), accesibilidad universal, campañas inclusivas, empoderamiento, leyes con enfoque interseccional y reparación para las víctimas de violencia institucional.

Sara lo resume con fuerza: “Las mujeres con discapacidad no son un colectivo minoritario. Son una parte esencial de la sociedad, y no vamos a dejar que se les siga negando sus derechos”. Paula añade desde su vivencia personal: “La sociedad tiene que entender que no todos somos iguales, pero todos tenemos los mismos derechos. No queremos privilegios, queremos equidad”.

En un país que “se dice democrático y avanzado”, más de mil mujeres fueron esterilizadas sin consentimiento. Otras miles viven atrapadas en relaciones de violencia. Y muchas más siguen invisibles en los datos, en los debates, en las decisiones. “La discapacidad se puede adquirir en cualquier momento. Y entonces, ¿qué pasará contigo si te sigue dando igual?”, destaca Patricia Sanz.