Las conclusiones se han aprobado, con enmiendas de prácticamente todos los grupos, con 155 votos a favor, 132 en contra y cinco abstenciones. El Gobierno ha conseguido el apoyo de Ciudadanos en estas conclusiones, aunque no el del PP y grupos nacionalistas como ERC o de Coalición Canaria.

Lo que ha dificultado el consenso han sido, principalmente, las ayudas educativas limitadas a la escuela pública -y que excluyen a la concertada, según denunció el PP- y la “recentralización” de políticas, que fue el argumento más empleado entre los partidos nacionalistas para oponerse a las conclusiones.

La diputada Rosa María Romero (PP), lamentó que el incremento de ayudas que defiende el documento de conclusiones se limite a la escuela pública, al tiempo que defendió que “el empleo es la mejor política social”. Y es que “sólo así podremos garantizar nuestro estado de bienestar, sólo con una economía robusta”.

Asimismo, anunció su voto en contra porque, a su juicio, las medidas que plantea el documento elaborado en el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados adolecen de una visión “a largo plazo”.

Desde Unión del Pueblo Navarro (UPN), Sergio Sayas afirmó que “la educación concertada presta un servicio público esencial” mientras el Gobierno “da carpetazo a las ayudas a la educación concertada porque ideológicamente no le gusta o la detesta”.

La diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria, también votó en contra y se mostró beligerante con este asunto y trasladó al PSOE y Unidas Podemos que “no tienen ni idea de lo que es la educación privada, donde van las élites, y lo que es la concertada”, donde, dijo, también acuden menores vulnerables que precisan de ayudas. “Los salesianos forman a los ‘menas’”, añadió.

En esta línea, pidió a los socialistas y Podemos que “salgan de los ministerios” y “se pateen los barrios, donde la concertada está haciendo una labor social del demonio”. Sara Giménez, de Ciudadanos, se pronunció en esta misma línea y alertó de que los perjudicados son los niños, por lo que pidió que “no se centre en esto el debate” y “no se deje atrás a ningún niño”.

Desde Podemos, Pablo Echenique salió al paso de las críticas y dijo que las ayudas se deben centrar en la pública porque “la privada-concertada, en todo aquello que es deficitario económicamente como escuelas rurales o de educación especial, es más reticente, digamos, a la hora de ocuparse de ello”.

La diputada y exministra socialista María Luisa Carcedo también defendió el documento de conclusiones y acusó a la oposición de estar “desenfocando su finalidad”. Además, defendió el punto relativo a las ayudas en educación porque busca evitar “la segregación, que es lo que está pasando en nuestro sistema educativo”.

El PNV y Esquerra Republicana centraron sus intervenciones en acusar de “recentralización” al PSOE y Unidas Podemos. “No podemos votar favorablemente este texto, muchas medidas son competencias de las comunidades autónomas”, defendió.

Por ERC, Gabriel Rufián insistió en esta misma idea y trasladó a los partidos de gobierno que “están ustedes volviendo a repetir los errores de la crisis de 2008, que es intentar salir de ésta con la derecha”, en relación a los otros tres documentos de conclusiones pactados entre el Gobierno, PP y Ciudadanos, fórmula que no ha funcionado en las conclusiones sociales.

Pese al frentismo y la falta de acuerdo escenificada por los portavoces en la comisión, el coordinador del grupo encargado de elaborar las conclusiones de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, el diputado Enrique Santiago Romero (Unidas Podemos), defendió el “consenso” en la elaboración del texto y el esfuerzo realizado por los partidos.

“Entiendo los derechos sociales como derechos humanos”, dijo, y señaló que las conclusiones sitúan “en el centro los Objetivos de Desarrollo Sostenible” con “más políticas sociales para reforzar el Estado de bienestar”. Asimismo, dio cuenta de las 32 comparecencias de personalidades del Tercer Sector y organizaciones civiles para contribuir a la elaboración de las conclusiones.

JÓVENES PAGADOS PARA ACOMPAÑAR MAYORES

El documento se centra en cuestiones sociales como la situación de indefensión de los mayores en las residencias o las personas con discapacidad, y establece que el seguimiento sanitario en centros de mayores se realizará desde los centros de salud con derivación a hospital cuando la situación clínica lo requiera.

Asimismo, “se establecerán protocolos de atención en situaciones terminales y de cuidados paliativos asimilados a los domiciliarios”, mientras que “los servicios sociales tendrán que establecer acreditaciones de formación del personal de cuidados y un sistema de inspección periódica que permitan comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas”.

Todo ello, con el objetivo de proteger a los mayores, a quienes el coronavirus tanto ha afectado, especialmente en las residencias. Todas estas instalaciones deberán tener, según las conclusiones acordadas, protocolos de actuación para que “cuenten con los recursos personales y espacios físicos que se consideren adecuados y suficientes”. Además, se proveerá a las residencias de material sanitario y de protección.

También se recoge la puesta en marcha de un plan contra la soledad no deseada con un programa de acompañamiento remunerado por parte de jóvenes, de sensibilización y de mejora de “unos servicios sociales cercanos y bien dotados para atender esta necesidad emergente, prevenirla o mitigar sus consecuencias”.