El Defensor del Pueblo insiste en una ley orgánica de derechos de los mayores y más inspecciones en residencias

MADRID
SERVIMEDIA

El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, insistió este martes en la necesidad de una ley orgánica de los derechos de las personas mayores que regule los protocolos en residencias de mayores y las sujeciones físicas o restricciones de visitas, al tiempo que abogó por intensificar las inspecciones en estos centros.

“La pandemia del coronavirus lo que ha hecho es ponerle la lupa al problema (de las residencias), pero el problema ya viene de atrás”, dijo Marugán en un webinar con la presidenta de Honor de la Asociación Contra la Soledad, la exministra Matilde Fernández.

El defensor del Pueblo recordó el informe de la institución de 2019, en el que dedicó un apartado a los mayores y las residencias y en el que reivindica una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental de los mayores al tener que asumir limitaciones al ejercicio y realización de algunos de sus derechos fundamentales, sobre todo en centros residenciales.

Tal y como expuso en su conversación con Martilde Fernández, emitida a través de Canal Senior, no existe una normativa clara a nivel estatal con los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación, por lo que apeló a las comunidades autónomas para hacer un “esfuerzo” para armonizar los estándares.

Marugán también hizo referencias a su informe en lo relativo a la falta de información procedente de las residencias, ya que “no existe un mecanismo eficaz” para recopilar datos que permitan realizar estadísticas fiables respecto a los recursos de los que disponen.

“Hay que organizar bien las residencias y hacer frente a una serie de cuestiones que tienen que ver con los derechos de los residentes”, señaló el defensor. A su juicio, es preciso “garantizar ese tránsito (el ingreso en una residencia de una persona) con arreglo al respeto de los derechos de las personas”, añadió.

Ya en su informe de 2019, antes de los estragos causados por el coronavirus en las residencias de mayores, el Defensor del Pueblo recogió que “es necesario un número suficiente de personal para prestar servicios en los centros residenciales” e instó a una “profunda revisión al alza de las ratios de personal”.

En ese mismo informe del año pasado, la institución alertaba de la necesidad de “mejorar la cualificación del personal” con un “modelo de residencias propiamente sociosanitario”, de manera que tengan “atención médica y de enfermería más amplia y extensa”.

Por su parte, Matilde Fernández, que guio la conversación con Marugán, señaló la importancia de humanizar las residencias de mayores para que “se conviertan en el nuevo hogar de las personas”, y expuso ejemplos como que puedan tener su propio mobiliario, imágenes etcétera.

El defensor insistió también en la necesidad de que las residencias sean libres de sujecioneso, al menos, que se minimicen a casos excepcionales y puntuales con prescripción médica.

Asimismo, Marugán alertó de la importancia de garantizar los derechos de los mayores, ya que “el 25% de la población española va a estar por encima de los 65 años” por el envejecimiento de la sociedad en este país. “Somos una sociedad que tiene un número importante de personas mayores que debe afrontar el problema de las personas mayores”, sostuvo.

La exministra Matilde Fernández aplaudió la ley orgánica propuesta por el defensor y defendió que todas las administraciones públicas tengan en cuenta el “impacto” de las políticas sobre los mayores, de forma que, al igual que se impulsan informes de impacto de género sobre cualquier medida, también se haga sobre este sector de la población.

(SERVIMEDIA)
14 Jul 2020
GIC/gja