La diputada acudió al Supremo quince minutos antes de la hora de la fijada para su declaración y llegó a pie acompañada por sus abogados. Sonriente y con apariencia serena recorrió el camino hacia la puerta entre flashazos y antes de entrar se volvió hacia los periodistas y levantó el pulgar.

Las presuntas infracciones penales por las que se le va a preguntar tienen que ver con la adjudicación supuestamente irregular de varios contratos a la empresa de un amigo de Borràs mientras era la responsable de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Según la exposición razonada del juez de instrucción número 7 de Barcelona que remitió la causa al Supremo por afectar a una aforada, entre 2013 y 2017 desde la institución que dirigía Borràs se procedió, de acuerdo con Isaías Herrero, a fraccionar contratos de servicios informáticos efectivamente prestados "reflejando importes y conceptos inventados", siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros para hacer una adjudicación directa. El total adjudicado ascendió a 259.863 euros.