Así lo verbalizó la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de la Moncloa tras reunirse el Consejo de Ministros. “Estamos disponibles”, garantizó cuando se le preguntó por esta cuestión.

Se remitió a que el Gobierno de España “siempre ha mantenido una posición clara” a este respecto y pasa por su “convencimiento profundo de que los grandes conflictos y las grandes situaciones de tensión que se puedan vivir en nuestro país tienen que encontrar cauces a través de foros de diálogo”.

De esta forma, ahondó en que el diálogo es el camino para poder “compartir diagnósticos y llegar a acuerdos consensuados sobre soluciones que pueda haber en el corto, en el medio y en el largo plazo”. De esta manera, reafirmó que la disponibilidad del Ejecutivo sigue “intacta” para poder celebrar esta reunión con la Generalitat.

A este respecto, Montero precisó que “ya depende de la voluntad de la Generalitat” que se pueda retomar este foro y se dirigió específicamente al vicepresidente catalán, Pere Aragonès, para decirle que “no es exigible al Gobierno de España aquello que el Gobierno de España no puede administrar”.

“No puede ser exigible que se reúna la mesa de diálogo si nosotros manifestamos nuestra disponibilidad y no es por nuestro motivo por el que la mesa no se convoca durante la fecha que habíamos visto óptima”, dijo refiriéndose a la intención de retomarla durante el presente mes de julio.

Montero hizo estas consideraciones tras exigir Aragonès al Gobierno que cumpla con la convocatoria de la mesa de diálogo con la Generalitat antes de iniciar cualquier negociación de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En este sentido, la portavoz del Ejecutivo dijo que espera y desea que Aragonès “se replantee” su posicionamiento.

En síntesis, la también ministra de Hacienda manifestó su esperanza de que el vicepresidente catalán y coordinador nacional de ERC pueda “plantearse la negociación presupuestaria” en este momento “inédito, único y singular” que experimenta España y que requiere del “concurso de todos para hacer las cuentas públicas”.