La salida de Juan Carlos I del país hace pensar que el que fuera jefe del Estado hasta 2014 va a pasar esos tragos lejos de España y apartado de la exposición mediática. El pistoletazo de salida de las pesquisas en la investigación de la 'pieza Carol', reabierta por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, será el 7 de septiembre.

En esta pieza desgajada del conocido como 'caso Villarejo', se investigan las conversaciones entre Corinna Larsen y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en Londres. Su contenido apunta al presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación a empresas españolas del llamado 'AVE a La Meca' y detalla aspectos del entramado de blanqueo de esas cantidades que no habrían tributado nunca en España. Los dos están citados a declarar el próximo 8 de septiembre como imputados.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha imputado también al que fuera socio de Villarejo en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo, y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga, que declararán un día antes.

Larsen se reunió con Villarejo en Londres en 2015 y mantuvo con él una conversación en la que también estuvo presente Villalonga. La relación entre la alemana y el Rey emérito había hecho aguas tiempo atrás. Corinna relató al excomisario el supuesto mecanismo de cobro de comisiones por mediar a favor de empresas españolas en la adjudicación de contratos millonarios que dio origen a la fortuna del Rey y denunció que la usó como testaferro para el blanqueo de esas cantidades.

La grabación revela que Juan Carlos de Borbón tiene cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans y del abogado Dante Canónica, además, insinúa que el Rey emérito la usó de testaferro y le acusa de cobrar comisiones por mediar a favor de empresas españolas en la adjudicación de contratos millonarios.

PIEZA 'CAROL'

La 'pieza Carol' fue archivada el 7 de septiembre de 2018 por el juez Diego de Egea quien no vio en ese momento indicios delictivos suficientes para seguir investigando. En julio pasado, el juez García Castellón decidió reabrir el caso tras recibir diversos oficios policiales en los que se analizaba el material intervenido en los domicilios de los investigados en esta pieza y la solicitud de cooperación judicial remitida por la Fiscalía suiza en relación con estos hechos, por los que el Ministerio Público de aquel país interesaba la colaboración de la Audiencia Nacional por la conexión entre ambas investigaciones.

Concretamente, el magistrado de la Audiencia Nacional quiere averiguar si Larsen encargó a Villarejo la obtención de datos relativos a una persona de nacionalidad española, que habría sido asistente personal de la empresaria alemana y de la que sospecha que filtró información sobre su vida privada.

Villarejo, que está en prisión provisional desde noviembre de 2017, ofreció sus servicios "de forma insistente" a Larsen, asegurando que disponía de "los mejores especialistas del mundo" y que podía “localizar bienes de cualquier persona en cualquier parte del mundo". El juez asegura en su auto que llevaba a cabo sus negocios valiéndose de su condición de comisario de policía.

García Castellón pretende esclarecer si el encargo de investigar a la asistente llegó a materializarse y si se abonó alguna cantidad por ello, lo que en tal caso podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo en los que habrían intervenido los investigados por los delitos cometidos en España.

Lo que se desprenda de esta investigación afectará, sin duda, al futuro judicial del Rey emérito que sólo puede dilucidarse por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al tratarse de un ex jefe de Estado y, por tanto, aforado.

LOS PAPELES DE SUIZA

Los frentes judiciales de Juan Carlos I no terminan con esta causa. La Fiscalía Anticorrupción estudia desde hace días la documentación remitida por los fiscales suizos que investigan el rastro del dinero que el monarca movió a través de sus bancos.

Los cinco fiscales del Tribunal Supremo que investigan al Rey emérito buscan indicios sobre la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública a partir del 2015, el último ejercicio que no se considera prescrito. Esperan tener ya cribada la documentación remitida por la Fiscalía suiza en otoño, para poder avanzar.

Con esa documentación se podría confirmar que Juan Carlos I habría incurrido en delito fiscal al eludir el pago al Fisco de cantidades superiores a los 120.000. El delito fiscal es preceptivo para atribuir después un delito de blanqueo. Durante los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que el emérito procediera a una regularización fiscal, pero el montante del principal, la sanción y los intereses sumarían una cantidad sumamente elevada. Y en todo caso, el delito de blanqueo, tendría que ser juzgado si se confirma.

La Fiscalía suiza sostiene que los 64,8 millones de euros que don Juan Carlos transfirió en junio del 2012, desde la panameña Lucum hasta la sociedad Solare, estaban a nombre de Corinna Larsen. La sospecha es que esa cantidad procedería de comisiones ilícitas por la adjudicación a empresas españolas del 'AVE a La Meca' y que la empresaria estuvo realizando inversiones con esas cantidades.

La investigación suiza motivó que la Fiscalía del Tribunal Supremo abriera diligencias el pasado 8 de junio. El Ministerio Público estudia el periodo transcurrido desde la abdicación del rey Juan Carlos en junio de 2014, puesto que hasta ese momento era inviolable por precepto constitucional. Ahora, como aforado, sólo puede ser investigado por el Supremo.

Además, el delito fiscal tiene un plazo de prescripción de cinco años, que se eleva a diez años por el delito de blanqueo, por lo que el período investigado partiría del año 2010. La documentación remitida por el fiscal suizo Yves Bertossa se refiere a hechos sucedidos entre los años 2003 y 2012.

La Fiscalía suiza no ha acabado de enviar a Anticorrupción la documentación que obra en su poder. Falta, por ejemplo, la información obtenida en un registro realizado hace dos años del despacho en Ginebra de Arturo Fasana, que era el gestor contable del Rey emérito y al que se atribuye haber hecho de correo con dinero en efectivo para el monarca.

El entramado incluía la apertura de una cuenta a nombre de su primo Álvaro de Orleans, desde la que se pagaban los gastos privados de Juan Carlos y que gestionaban Fasana y Canonica. Además, en 2008 se creó la Fundación Lucum en Panamá, con cuenta abierta en el banco privado suizo Mirabaud, donde se ingresaron los cien millones de dólares que supuestamente regaló a Juan Carlos el rey saudí Abdalá. El accidente de caza Botsuana puso al descubierto irregularidades y fue entonces cuando el Rey emérito ordenó disolver la fundación y transfirió fondos a Larsen.