Montero hizo esta afirmación durante su comparecencia en la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados a la que acudió para informar sobre el acuerdo alcanzado entre su departamento y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que posibilita a los ayuntamientos disponer de su superávit.

La ministra señaló que dicho acuerdo, plasmado en un decreto, fue aprobado a primeros del mes de agosto y contempla que la regla de gasto de 2020 se suspenda. “La intención”, según la ministra, es que también “se quede sin efecto” en 2021, aunque esto se arbitraría a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Montero defendió el acuerdo que la FEMP aprobó por el voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero, al considerar que resuelve todas las propuestas que salieron de la comisión de reconstrucción salvo la de la regla de gasto de 2021.

La titular de Hacienda explicó que si los ayuntamientos exceden el uso de su superávit establecido en la Constitución incurren en déficit y el mecanismo acordado “pretende ir más allá” del uso de los remanentes, que cifró en 1.000 millones si no hubiera acuerdo. Así, indicó que el texto establece la inyección de 5.000 millones de euros, “cuatro veces más”. Los ayuntamientos con superávit que quieran deberán hacer un préstado con sus remanentes al Estado y el Estado se lo devolverá como ingresos no financieros en diez o 15 años a partir de 2022, según decidan las corporaciones locales. Adicionalmente, cada municipio recibirá como mínimo el 35% de los fondos aportados al préstamo, y que se podría incrementar hasta totalizar el importe de 5.000 millones.

La ministra afirmó que “el Gobierno no necesita los remanentes” ante las críticas de la oposición en esa línea, porque se está financiando en los mercados y recibirá fondos europeos. Enfatizó que para el Ejecutivo supone “una complejidad administrativa” y “le cuesta 5.000 millones”.

También argumentó que “no se nos ocurre ninguna otra propuesta, no hay otra fórmula que no sea saltarse la Constitución” y la ley de estabilidad presupuestaria, que fijan la restricción para el uso de los remanentes.

Montero propuso que entren en vigor aquellas medidas compartidas como el fondo para el transporte o la flexibilización de la regla de gasto y las que no cuenten con el apoyo se eliminen. Urgió a actuar “ya y rápido” e insistió en que el Ejecutivo no puede tramitar una modificación de la Constitución y la ley orgánica de estabilidad presupuestaria con un decreto ley.

Del mismo modo, Montero consideró “fuera de lugar” que se utilice “cualquier iniciativa del Gobierno para intentar desgastarlo” y aseveró que “nadie confisca nada”.

En defensa de la FEMP, cuyo presidente desempató la votación, dijo que es un órgano “democrático” y que el acuerdo es con toda la federación y no con el PSOE. “No aceptar esa representación de la FEMP sería como decir que es ilegítimo”, afirmó.

El acuerdo contempla hasta 400 millones para cubrir déficits de transporte en las ciudades y a ello se sumarían recursos procedentes del fondo europeo para la recuperación.

Los ayuntamientos que se encuentren en situación económica vulnerable, que la ministra cifró en un máximo del 3%, podrán recibir préstamos de las diputaciones provinciales.

ERC Y BILDU NO LOS CEDERÁN

Desde la oposición, ERC y EH Bildu anunciaron que los ayuntamientos en los que gobiernan no van a ceder sus remanentes.

Varios grupos rechazaron que el mecanismo aprobado sea el único posible y se alinearon con la modificación o derogación de la ley de estabilidad presupuestaria conocida como ‘Ley Montoro’.

Desde ERC, Joan Margall dijo que “a la hora de la verdad, ustedes también compran la política austericida” y la diputada del PNV Idoia Sagastizabal consideró que la solución supone “parchear”.

Por parte del PP, Carolina España criticó que Hacienda y la FEMP “se han saltado a la torera el consenso y el diálogo” y “han traspasado todas las líneas rojas”. A su juicio, “han dinamitado el consenso histórico en el municipalismo” y Abel Caballero “ha traicionado a los alcaldes”, por lo que pidió su dimisión.

Desde Vox, Víctor González Coello calificó el acuerdo de “chantaje” para los municipios, particularmente para los que han logrado superávit, y de “injusto e insolidario”. En su opinión, se crean “municipios de primera”, aquellos con remanente que acepten transferirlos, y “de segunda”, que son los que no decidan cederlos.