En declaraciones a Servimedia afirmó que la ‘okupación’ “no es un problema ideológico y que, aunque desde la izquierda puedan justificarla y nosotros criticarla, no se trata de eso”. A su juicio, “es un problema de legalidad”.

Señaló que la Constitución reconoce el derecho a la vivienda y señaló que “las administraciones tenemos que luchar para que todo el mundo pueda tener acceso a ella”, aunque añadió que “también existe el derecho a la propiedad”.

“No puede ocurrir que alguien pisotee el derecho a la propiedad, porque siempre hay perjudicados”, indicó Pérez, quien aseguró que “durante mucho tiempo se ha sido condescendiente con la ‘okupación”.

Tras señalar que las administraciones tienen que “ofrecer respuestas” a las familias que necesiten una vivienda, dijo que es necesario resolver este problema.

También comentó que la Comunidad ofrece alternativas a esta cuestión. Así, explicó que el Gobierno regional dispone de casi 24.000 viviendas de protección y afirmó que “se ocupan muchos tipos de viviendas, entre ellas, 2.000 pisos sociales que son de familias en lista de espera que no pueden acceder a ellos por estar ‘okupados’”.

Dijo que hay abiertos 600 expedientes de recuperación de esas casas, que se ha reducido un 65% la ‘okupación y que se destinan cuatro millones de euros anuales en blindajes de puertas para que no se ocupen. Además, destacó que hay otras 2.000 viviendas privadas ocupadas, muchas de ellas de los bancos y también segundas residencias.

“Estamos en un Estado de derecho y cumplimos con la obligación de dar respuesta a este problema y apostamos por luchar contra la ‘okupación”, concluyó.