Según explicó la organización, el acuerdo implica una modificación del Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP) y contempla, entre otros aspectos, que la regulación de esta modalidad laboral no supondrá la suspensión de la prestación presencial de los servicios públicos o una limitación del acceso a los mismos.

CCOO aseguró que el texto que se ratificará en la Mesa General de Empleados Públicos del próximo lunes tampoco supondrá una "merma de los derechos" para el colectivo debido al teletrabajo ni tampoco una reducción del empleo o la privatización o externalización de servicios.

El sindicato también indicó que el acuerdo salvaguarda las garantías en materia de salud laboral, protección de datos y derecho a la desconexión digital. A ello se suman la voluntariedad y reversibilidad, los criterios objetivos en el acceso, la igualdad de género y que los medios tecnológicos y su mantenimiento deberán correr a cargo de la administración.

"También queda recogido en el texto final la necesidad de que la regulación de esta modalidad (el teletrabajo) para un sector concreto debe ser fruto de una negociación colectiva específica", señaló el sindicato, que ha pedido a Función Pública que "inste al resto de administraciones, tanto estatales como autonómicas", a que inicien inmediatamente las negociaciones sobre esta cuestión en sus respectivos ámbitos".

A pesar de que el sindicato valora positivamente el acuerdo, del que según sus cálculos se beneficiarán tres millones de empleados públicos, consideran que todavia quedan "aspectos que clarificar y trabajar", como la regulación negociada de las circunstancias excepcionales.

Por otro lado, la organización urge a que comiencen las negociaciones tanto de los Presupuestos Generales del Estado como de un tercer acuerdo para la mejora del empleo y las condiciones de los empleados públicos para avanzar en temas como la estabilidad de las plantillas, los derechos laborales y la recuperación de poder adquisitivo.