Borràs hizo esta puntualización en declaraciones en el patio del Congreso después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciara en la sesión de control a una pregunta suya que el Gobierno empezará a tramitar la semana que viene las solicitudes de indultos de los que ella considera “presos políticos”.

La portavoz rebajó el revuelo ocasionado por el anuncio al recordar que los indultos “tienen que seguir su trámite, como es preceptivo”, y “es una solución individual” para cada caso. “Yo les estaba hablando de un problema político”, contrapuso, precisando, que “si acaso puede pasar por la amnistía”.

“La amnistía sería una ley a tramitar”, añadió más tarde, señalando que aquélla “es un recurso político que acostumbra a aparecer al final de un proceso de negociación”. Ésa sí sería, indicó, “una solución política”, y “ahí es donde no vemos al Gobierno español”, en el que, a tenor de las palabras de Campo, “de momento vemos una solución en el ámbito de la judicialización”, como son los indultos”. Para ella, “lo más inteligente sería buscar soluciones políticas”.

Borràs también puntualizó que “comenzar a tramitarlos (los indultos) no significa en cualquier caso concederlos”, y se remitió a un recuento realizado por Ómnium Cultural que eleva a “2.850, y subiendo”, el número de “represaliados” por su participación en el movimiento independentista. “De tramitarse, sería un proceso largo, y veríamos cuáles son los informes que se hicieran”.

Respecto a la reforma del delito de sedición, que también es una vía que el Gobierno va a transitar en los próximos meses, la portavoz de Junts aclaró que “nosotros estamos por la derogación” y que, en cualquier caso, éste es “un delito que no han cometido” los promotores del referéndum independentista de octubre de 2017, porque “pasaría por la aplicación de una violencia que es inexistente”. Desde su punto de vista, “la única que hubo la ejerció el Estado español” contra los votantes del 1-O.