Este informe, realizado en el marco del proyecto Políticas y Programas para Jóvenes con Discapacidad en América Latina y el Caribe, pretende arrojar luz sobre las medidas que los gobiernos están implementando para enfrentarse a la crisis y analizar si incluyen las necesidades de la población con discapacidad.

Como indica el otro autor del estudio y coordinador del Área de Investigación e Innovación del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, Sergio Meresman, el trabajo muestra que “aquellos países que han dado mayor visibilidad a las personas con discapacidad como destinatarias de las políticas públicas, han tenido una mejor respuesta a esta pandemia”.

Otro aspecto que destaca el documento, según Meresman, son las acciones solidarias en algunos países que muestran “la capacidad de las organizaciones de personas con discapacidad de identificar prioridades y llegar a las personas más vulnerables con ayuda en la alimentación, medicamentos o apoyo educativo para los más pequeños”.

Por su parte, el director de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE, Javier Güemes, sostuvo que tanto en educación, como en materia de salud y empleo, se debe contar con los recursos necesarios para que las personas con discapacidad puedan acceder sin “ningún tipo de barrera”.

Además, a su juicio, la protección social “requiere de más información y que se realicen los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad, que a veces tienen menos recursos, no deban afrontar mayores costes para vivir de manera igual en la sociedad”.

Junto a Güemes y los dos autores del estudio, también participaron Ana Lucía Arellano, presidenta de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (Riadis). Los cuatro coincidieron en que es fundamental que cualquier política pública se haga en cooperación estrecha con las organizaciones de las personas con discapacidad, que deben aportar su conocimiento, experiencia y recursos en la materia.